En una conversación franca con El Antioqueño Diario, Omar Restrepo, representante del partido Comunes (nacido de los acuerdos de paz con las antiguas FARC), aborda temas clave de la coyuntura política colombiana. Desde la alianza con Fuerza Ciudadana fuera del Pacto Histórico, hasta la corrupción en Antioquia, la reforma a la salud y las amenazas a los firmantes de paz, Restrepo defiende una visión de unidad progresista, ética y territorial.
¿Con la alianza Comunes–Fuerza Ciudadana por fuera del Pacto Histórico, cómo justifica esta división de la izquierda y cree que fortalecerá o debilitará el voto progresista en un país con abstención cercana al 50%?
“Dicha situación no dependió de nosotros, hicimos todo lo posible por construir una sola lista al congreso en un gran frente amplio, pero, desafortunadamente no fue posible por el estigma que aún persiste en algunos sectores del Pacto, que consideran que nosotros restamos políticamente, que estamos “apestados”, es decir, que reproducen el estigma en contra de los firmantes de paz y por otro porque hay incapacidad de consolidar la unidad de los sectores progresistas y de izquierda”.
¿Por qué ocurre esta incapacidad de unidad?
“Estos sectores hacen cálculos electorales a corto plazo, y no están pensando en alianzas estratégicas del campo transformador a largo plazo que es lo que buscamos nosotros, tenemos muy claro que los cambios solo son posibles si conformamos un gran frente o alianza amplia”.
¿Cuál es el enfoque de esta alianza con Fuerza Ciudadana?
“Ahora bien, la decisión de conformar la lista con Fuerza Ciudadana responde a una apuesta por una coalición regional y por una agenda de paz y descentralización que a la larga ayudará a esa gran alianza, porque la práctica sigue apuntando hacia los mismos objetivos, a pesar de no estar en una misma lista electoral; la meta es sumar votantes territoriales y no restarlos. Si la alianza logra acuerdos programáticos claros y campañas territoriales, puede fortalecer el voto progresista; si se queda en disputas de liderazgo, lo debilitará”.
¿Qué reflexión general hace sobre las izquierdas en Colombia?
“Una reflexión sobre el campo transformador o las izquierdas en Colombia es que definitivamente tenemos que superar el canibalismo interno, debemos avanzar en el reconocimiento de todas las fuerzas y todas las luchas. No podemos seguir anclados en un pasado superado, se requiere unificar fuerzas con miras a futuro, es una deuda con el pueblo colombiano que la izquierda tiene. Nuestra decisión de construir una alianza con Fuerza Ciudadana no debe entenderse como una ruptura, sigue apostando por la coherencia y la ética política. El progresismo no puede reducirse a cálculos burocráticos; debe ser plural, regional y profundamente democrático. La abstención cercana al 50% refleja el desencanto de la ciudadanía con las viejas prácticas. Por eso creemos que esta convergencia amplia y territorial, que articula comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y estudiantiles, puede fortalecer el voto progresista al ofrecer una alternativa transparente y cercana a la gente. No buscamos dividir, sino ampliar la representación y devolverle confianza a quienes hoy se abstienen de participar”.
Carlos Caicedo ha criticado prácticas clientelistas dentro del Petrismo. ¿Comparte esa visión desde Comunes y fue ese uno de los motivos centrales para no alinearse con Iván Cepeda y el Pacto Histórico?
“Sobre las prácticas clientelistas, el sistema político que tenemos en Colombia se reproduce por medio del clientelismo, son fuerzas ancladas en las instituciones cuyas prácticas están gobernadas por la lógica de la transacción en lo que Jorge Eliecer Gaitán denominó “la repartija mecánica”. Esta es una realidad que se debe superar, por ejemplo, por medio de la reforma política que está contemplada en el punto 2 del Acuerdo de Paz que firmamos en La Habana. Este clientelismo ha permeado incluso sectores que se autodenominan transformadores, y eso contradice los principios de cambio que defendemos. Desde Comunes, como firmantes del Acuerdo de Paz y ahora en la legalidad, no podemos ser cómplices de prácticas que reproducen lo que históricamente hemos combatido, creemos que la izquierda debe ser coherente, ética y transparente. Compartimos la preocupación por prácticas que alejan la política de lo público; desde Comunes hemos denunciado clientelismos y defendemos prácticas de transparencia y participación comunitaria. Nuestra alianza con Fuerza Ciudadana se fundamenta en la necesidad de construir un progresismo sin ataduras clientelistas, que responda a las regiones y a las gentes del común, no a cuotas burocráticas”.
Un año después de advertir que la falta de reforma a la salud cuesta vidas ¿qué avances reales se han logrado y qué hará Comunes en 2026 si la reforma vuelve a bloquearse en el Congreso?
“La reforma a la salud del gobierno Petro fue aprobada en la Cámara de Representantes en marzo de 2025, con cambios estructurales como la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida y la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Sin embargo, aún falta su trámite definitivo en el Senado, y el Partido Comunes ha advertido que los avances son insuficientes frente a la urgencia de salvar vidas. Si en 2026 la reforma vuelve a bloquearse, Comunes plantea insistir en un modelo público universal, con control estatal de recursos y vigilancia comunitaria. Comunes seguirá insistiendo en un sistema de salud estatal, con financiamiento estable y cobertura integral. En el Congreso continuaremos la denuncia de los bloqueos a la reforma a la salud y presionando para que se cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud. Además, mantendremos la articulación con organizaciones sociales y sindicales para exigir que la salud sea prioridad legislativa”.
Sobre los más de 4,3 billones de pesos perdidos en proyectos inconclusos en Antioquia ¿qué resultados concretos han tenido las auditorías y veedurías propuestas, y quiénes deben responder políticamente?
“Sabemos que la Contraloría General identificó en Antioquia 34 proyectos inconclusos —los llamados “elefantes blancos”— que suman más de 4,3 billones de pesos. Las auditorías han avanzado en el programa “Salvando Obras”, con seguimiento especial a casos críticos como el Central Park de Medellín y el acueducto de La Estrella, pero aún falta sanción social, política y judicial. Los responsables señalados son las administraciones departamentales y municipales que contrataron y no garantizaron la culminación de las obras. Los más de 4,3 billones perdidos en Antioquia son un escándalo que refleja la captura de lo público por élites regionales. Las auditorías han mostrado irregularidades, pero falta sanción política. Deben responder quienes gobernaron y permitieron la desviación de recursos. Desde Comunes exigimos que la Contraloría y la Fiscalía actúen con firmeza, y que el Congreso asuma control político real para que estos casos no queden en la impunidad”.
Usted afirmó que los asesinatos de firmantes de paz son una reacción a los cambios logrados. Con casos recientes como el de Efraín Atehortúa ¿qué medidas inmediatas propone Comunes para proteger a los excombatientes más allá de esquemas de seguridad?
“El asesinato de Efraín Atehortúa es un golpe doloroso que confirma lo que hemos advertido: la violencia contra los firmantes de paz es una reacción de sectores que se resisten a los cambios logrados con el Acuerdo, sobre todo en las regiones en las que se debió haber implementado con agilidad y eficacia. Más allá de los esquemas de seguridad individuales, proponemos medidas inmediatas: acelerar la entrega de tierras para proyectos productivos colectivos, garantizar financiación estable para iniciativas de reincorporación, y establecer un sistema de alertas tempranas con participación comunitaria y presencia institucional en los territorios. La verdadera protección no es solo un escolta armado, sino la integración social y económica de quienes apostamos por la paz. En términos de seguridad, según lo firmado en el Acuerdo de Paz del 2016 sigue pendiente el desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo, tarea asignada a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que no ha cumplido plenamente su mandato. La violencia contra comunidades rurales y PDET persiste, y la presencia estatal continúa siendo predominantemente militar, sin suficiente inversión en justicia, salud y educación. En síntesis, el gran reto es pasar de medidas parciales a una política integral de seguridad que combine protección comunitaria, justicia territorial y control social sobre los recursos destinados a la paz”.
Frente a presiones extranjeras como las provenientes de Estados Unidos y figuras como Trump, ¿cómo puede Colombia fortalecer su soberanía en un escenario multipolar sin reproducir desigualdades como las que usted mismo ha señalado en modelos como el chino?
“Colombia debe fortalecer su soberanía diversificando relaciones en un mundo multipolar. No podemos depender de un solo actor como Estados Unidos. Nuestra propuesta es construir un modelo propio: cooperación internacional basada en igualdad, defensa de nuestros recursos naturales y una política exterior que priorice la paz y la justicia social. La soberanía se ejerce cuando las decisiones nacionales no están subordinadas a presiones externas, sino que responden a las necesidades de los pueblos. En ese sentido, Comunes defiende una política exterior que rechace la injerencia y que promueva alianzas solidarias con países y pueblos que también luchan por la dignidad y la justicia”.
A más de un año del estancamiento con el ELN, ¿considera que la “paz total” del gobierno Petro ha fallado en los cambios estructurales, y qué haría Fuerza Ciudadana y Comunes distinto desde el Congreso en 2026?
“La ‘paz total’ ha mostrado limitaciones evidentes: por un lado, el avance selectivo y no integral en la implementación del Acuerdo de Paz que tiene resultados cuestionables; por otro lado, el estancamiento con el ELN refleja que no basta con mesas de diálogo si no se transforman las estructuras de exclusión y desigualdad que alimentan la guerra. Desde Comunes creemos que el Congreso debe asumir un papel más activo. En 2026 impulsaremos leyes que garanticen presupuesto estable para la implementación de acuerdos, mecanismos de verificación ciudadana y participación política real de los actores en negociación. La paz no puede depender solo de la voluntad del Ejecutivo; debe ser una política de Estado con control social y legislativo”.
Para blindar la democracia frente a élites políticas y económicas, ¿qué mecanismos concretos de participación ciudadana impulsaría Comunes —más allá de consultas populares— en un nuevo ciclo legislativo?
“La democracia no se blinda únicamente con consultas populares. Desde Comunes proponemos mecanismos concretos: cabildos abiertos vinculantes en municipios y departamentos, presupuestos participativos que permitan a la ciudadanía decidir sobre la inversión pública, crear observatorios ciudadanos permanentes, audiencias legislativas territoriales obligatorias y plataformas digitales de seguimiento de leyes con acceso a datos abiertos para veedurías locales, que vigilen la gestión de alcaldes, gobernadores y congresistas. Si se revisa bien la letra y espíritu del Acuerdo de Paz, allí la participación directa de las comunidades está contemplada en la implementación de varios de sus puntos. Estos instrumentos buscan que la gente tenga poder real de decisión y que las élites no sigan monopolizando el rumbo del país”.
Si la coalición Comunes–Fuerza Ciudadana obtiene una representación limitada en el Congreso, ¿cómo articularán una agenda que conecte la lucha anticorrupción regional con la defensa nacional del proceso de paz?
“Nuestra estrategia será coherente: la corrupción y la guerra son dos caras de la misma moneda. En las regiones, la corrupción despoja a las comunidades de recursos para salud, educación, infraestructura y proyectos productivos; a nivel nacional, la falta de transparencia debilita la implementación de la paz. Por eso articularemos ambas luchas: denunciaremos los casos regionales en el Congreso, conectándolos con la defensa del proceso de paz, y promoveremos leyes que fortalezcan la veeduría ciudadana y el control social sobre los recursos destinados a la paz. Aunque nuestra representación sea limitada, nuestra voz seguirá firme y vinculada a las luchas territoriales”.
¿Qué mensaje les daría a los millones de abstencionistas colombianos que ven con escepticismo las divisiones en la izquierda y dudan de que su voto realmente genere cambios en 2026?
“Entendemos el escepticismo de quienes se abstienen: durante décadas la política tradicional les ha demostrado que las promesas no se cumplen y que las élites se reparten el poder sin transformar la vida de la gente. Pero también sabemos que la abstención fortalece a quienes quieren que nada cambie. Nuestro mensaje es claro: cada voto progresista es un acto de dignidad y de defensa de la paz. En 2026, votar por Comunes y Fuerza Ciudadana será apostar por una política distinta, sin clientelismo, sin corrupción y comprometida con la implementación del Acuerdo de Paz. A los abstencionistas les decimos: su voto sí genera cambios, su voto es la herramienta para transformar la abstención en poder ciudadano; la política cambia cuando hay organización territorial, transparencia y mecanismos que obligan a rendir cuentas. Comunes apuesta a demostrar resultados concretos en territorios para recuperar confianza”.
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