No me dirijo a usted hoy desde mi carácter de Senador de la República, sino fundamentalmente desde la tienda de barrio donde doña ‘Mercedes’ me cuenta que no sabe si podrá pagar la próxima factura de la luz. O desde la sala de espera de un hospital público en Itagüí, donde una madre me pregunta por qué la cirugía de su hijo ha sido aplazada por tercera vez. Como senador, mi deber es legislar, pero como colombiano, mi obligación es escuchar. Y lo que escucho en los territorios me obliga a decirles una verdad incómoda: el debate abstracto en Bogotá sobre la emergencia económica podría desangrar los servicios que sostienen la vida de millones.
Cuando la Corte Constitucional suspendió los decretos de emergencia económica (el 1390 y el 1474 de 2025), muchos celebraron una supuesta victoria del Estado de Derecho sobre un gobierno que, argumentaban, quería imponer tributos a la brava. Pero en política, como en la vida, cada acción tiene una reacción. Y la reacción que nadie quiere ver de frente es esta: al bloquear la herramienta que buscaba tapar un hueco fiscal de 16.3 billones de pesos, estamos cavando una zanja social que se tragará la salud, la luz y la seguridad de quienes menos tienen.
No hablo de teorías. El hueco fiscal es real y nace de un Congreso que, en un acto de irresponsabilidad histórica, hundió la Ley de Financiamiento y le dejó al país las cuentas rotas. Con el 93% del presupuesto comprometido en gastos inflexibles (pensiones, salud, deuda), al Gobierno no le quedó más recurso que acudir a la emergencia para cumplir órdenes judiciales y evitar un colapso. Detrás de cada peso de ese hueco hay una persona.
Primera víctima: la salud del que suda la camisa. La Corte Constitucional ordenó equiparar la salud del régimen subsidiado con la del contributivo. Un acto de justicia. Pero esa igualdad cuesta 3.3 billones de pesos que no estaban en el presupuesto. La emergencia creaba esos recursos. Si se cae, ¿qué pasa? Se postergarán cirugías en hospitales públicos, faltarán insumos y se desfinanciará la prevención. La nivelación será un saludo a la bandera. ¿De qué le sirve a un campesino tener el derecho a una salud digna escrita en un fallo, si el hospital de su pueblo no tiene dinero para comprar suturas o pagar a un médico?
Segunda víctima: el hogar popular, especialmente en la Costa Caribe. El sistema eléctrico está al borde del colapso por una deuda de más de 5 billones en subsidios. La emergencia buscaba evitar que empresas como Air-e quebraran y que los recibos de la luz no se dispararan para estratos 1, 2 y 3. Sin esos recursos, el fantasma del racionamiento y de las tarifazos vuelve a ciudades ya asfixiadas por el calor. Esto no es alarmismo: es contabilidad básica. Sin plata, no hay servicio.
La paradoja perversa del debate. Los mayores opositores a los decretos se rasgan las vestiduras defendiendo al ciudadano de a pie de nuevos impuestos. Pero callan que estos decretos estaban diseñados para que pagaran más quienes más tienen: una sobretasa a la banca (que sigue con utilidades récord), un impuesto al patrimonio de los más ricos (el 1.7% de declarantes) y un gravamen al petróleo y carbón. La nulidad protege los bolsillos de los potentados, pero le quita el financiamiento a la salud del pobre. Es una redistribución al revés: del pobre al rico.
Mientras, el pequeño comerciante que importa mercancía por internet para su “rebusque” y el obrero que por fin pudo ponerse al día con la DIAN gracias a la amnistía tributaria del decreto, quedan en un limbo jurídico y económico. Se les llena la boca hablando de proteger a la gente, pero cuando llega la hora de las decisiones concretas, sacrificamos su estabilidad en el altar de un tecnicismo legal.
Los tres millones de viejos y viejas. Y aunque hemos defendido e impulsado la necesidad de un aporte periódico para más de 3 millones de adultos mayores, con la eventual caída definitiva del decreto también se verán afectados y es precisamente por eso que hemos venido planteando que será un golpe fundamentalmente a los programas sociales del gobierno.
No defiendo el gobierno por decreto. Defiendo que el Congreso, mi propia corporación, asuma la responsabilidad que eludió. La solución de fondo es una ley de financiamiento seria, discutida y aprobada en el Capitolio. Pero mientras esa ley no llegue –y la historia reciente muestra nuestra lentitud–, dejar a los más vulnerables sin el parche de la emergencia es una crueldad política disfrazada de principio jurídico.
A la Corte Constitucional le pido sabiduría: debe equilibrar el rigor democrático con la protección de la vida digna. No puede su fallo ser el instrumento que ahogue a los hospitales y deje a oscuras a los barrios populares.
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