Hace quince años, una pregunta de sentido común agitó a un grupo de jóvenes que luego conformarían el Proyecto Manada Libre: si el software libre es tan robusto, gratuito y a menudo superior al privativo, ¿por qué el sistema nos adoctrina solo en las herramientas costosas, engorrosas y obsoletas de las multinacionales?
Esa pregunta, aparentemente técnica, fue en realidad el primer paso para desentrañar una lógica de mercado que, como bien lo señaló Marx, hace que “todo lo sólido se desvanezca en el aire” cuando se subordina al capital. Nos reveló que el software privativo no es solo una opción tecnológica: es la punta de lanza de un imperialismo tecnológico cuya fase superior son los monopolios artificiales sobre los bienes intangibles.
Desde entonces, nuestra consigna evolucionó de “Software Libre para una cultura libre” a “del Software Libre al Trabajo Comunitario”. Confirmamos que la concentración del poder en la era digital supera incluso la de los antiguos trusts financieros. En sociedades donde cada clic, cada dato y cada interacción son mercancía, dominar la información es dominar la vida misma.
Por eso hoy, ante el Proyecto de Ley 220 de 2025 Senado, decimos con firmeza que es hora de discutir la soberanía tecnológica no como un tema marginal, sino como un asunto de seguridad nacional, justicia social y autonomía colectiva. Este proyecto, entendido como un primer paso gradual, permite que el Estado empiece a optar por herramientas libres, demostrando su superioridad técnica y, sobre todo, su filosofía de colaboración y bien común.
La soberanía tecnológica no es solo una bandera de dignidad nacional. Es la condición para fortalecer una ciencia y una tecnología verdaderamente nuestras, libres de las brechas impuestas desde los centros de poder global. Y es, también, un asunto de ciberdefensa: ¿cómo confiar en la protección de nuestra infraestructura crítica si depende de cajas negras corporativas cuyos algoritmos y puertas traseras desconocemos?
Pero el argumento más profundo no es técnico, sino ético. Hace algunos años, en Caramanta (Suroeste Antioqueño), intentábamos explicarle a don Alfonso Patiño, líder campesino, qué era el software libre. Nos detuvo con una sonrisa y nos dijo: “Ah, entonces eso que ustedes hacen es lo mismo que hacemos los agroecológicos con las semillas: las defendemos de las multinacionales para que sirvan a la gente y a la soberanía alimentaria. Solo que ustedes lo hacen defendiendo el conocimiento desde esos programas de software”.
Ahí está el núcleo del asunto. El software libre son las semillas del conocimiento digital. Se trata de defender los bienes comunes frente a la apropiación privada, de garantizar que el saber —ese que, se ha dicho por siglos, nos hace libres— circule, se adapte, se mejore colectivamente y no tenga dueños.
El proyecto de ley es un inicio. Insuficiente, sí, pero fundamental para abrir la compuerta. Como técnicos, desarrolladores y usuarios, sabemos que el modelo de desarrollo comunitario es intrínsecamente superior al mercantilizado y extractivista de datos. Pero además, como ciudadanos, sabemos que sin soberanía tecnológica seguiremos atados a un desarrollo centro-periferia que perpetúa la desigualdad, la iniquidad y el atraso histórico.
La discusión, pues, no es sobre licencias o repositorios. Es sobre qué sociedad queremos construir: una donde el conocimiento se cerca y se vende, o una donde, como las semillas y el software libre, se comparte, se siembra y crece para el bien de todos.
Ponencia presentada en Audiencia Pública de la Comisión 5ta del Senado de la República el pasado 01 de diciembre de 2025
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