La suspensión de los decretos de emergencia económica no es un triunfo técnico ni una victoria del debate jurídico y constitucional. Es la cruda evidencia de que en Colombia el poder real no reside en las mayorías ni en la justicia social, sino en la defensa férrea de los privilegios económicos de unas élites regionales enquistadas en el monopolio de los vicios. Detrás del sofisticado discurso de la “autonomía territorial” y la “descentralización”, se esconde una verdad incómoda: una rebelión de caciques que protegen su circuito de acumulación a costa del hueco fiscal que, paradójicamente, ahondará la miseria de los más pobres.
Los gobernadores se han erigido en supuestos paladines de sus territorios, argumentando que defienden los recursos para la salud y la educación. Pero su furibunda oposición a la emergencia económica tiene un nombre propio: miedo. Miedo a perder el control sobre las rentas cedidas del tabaco, los licores y las apuestas, que son la savia financiera de sus aparatos políticos y de la burocracia regional. La Fábrica de Licores de Antioquia por ejemplo, con utilidades récord, no es solo una empresa ejemplar; es el símbolo de un capitalismo de Estado regional que reparte migajas sociales mientras consolida un poder clientelista. Su “reintegro social” es la coartada perfecta para blindar un negocio que, en el fondo, transfiere la carga de la financiación pública al consumo de los más vulnerables convirtiéndolos en consumados alcohólicos y ludópatas. Claro, así somos más fáciles de controlar.
El argumento del contrabando es cínico. Las mismas élites que por años han tolerado o se han beneficiado de circuitos económicos ilegales en fronteras como La Guajira o Norte de Santander, hoy claman contra el hueco fiscal que ellos mismos ayudaron a crear. Advierten que un mayor impuesto al tabaco legal incentivará el ilegal, pero callan que su falta de voluntad política para combatir el crimen organizado es la raíz del problema. No les preocupa la salud pública ni el bienestar; les aterra que el contrabando les robe la base gravable que sustenta su poder.
El gobierno nacional, por su parte, hay que reconocer que no ha manejado la situación de la mejor manera. Pretendió resolver el déficit fiscal central expropiando rentas regionales de manera abrupta, sin construir consensos ni presentar una reforma estructural. El resultado es el peor de los mundos: un hueco fiscal monumental que nadie quiere llenar. Y ¿quién pagará este plato roto? Los mismos de siempre: los millones de colombianos que dependen de un hospital público que sumado a la crisis sistémica de las EPS, cada vez tendrán menos cómo comprar medicamentos, los estudiantes de las universidades públicas que verán recortadas sus becas, los ancianos que agonizan en un sistema de salud que la derecha se negó a reformar.
Esta pugna entre el centro y las regiones es ideológica y ante todo electoral, además de una lucha por el control del excedente. Mientras las élites económicas y políticas se disputan cada peso de estas rentas, el país se desangra. La suspensión de los decretos no es más que la tregua de unos poderes que pactan a espaldas del pueblo. El mensaje es claro: en Colombia, es más importante proteger los privilegios de unos pocos que garantizar los derechos fundamentales de la mayoría. Los pobres, una vez más, serán los condenados a pagar un hueco fiscal que no ayudaron a crear.
Vamos por la Asamblea Nacional Constituyente
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