Colombia ha firmado acuerdos, pero ha incumplido promesas. Ha escrito leyes, pero ha olvidado a la gente. Durante décadas, el centro del debate político ha girado en torno a Bogotá, a los grandes titulares y a las disputas de poder entre élites, mientras que el campo, el territorio donde se gestó el conflicto y donde debe germinar la paz, ha permanecido en un segundo plano, abandonado a su suerte. Hoy, desde Antioquia, una de las regiones que más ha padecido la violencia y la desigualdad, levanto la voz para proponer un cambio de rumbo radical: como los últimos ocho años he venido haciendo, sigo defendiendo de que el Congreso de la República debe mirar hacia los territorios y asuma, como tarea principal e ineludible, la implementación integral y urgente del Acuerdo Final de Paz. No como un discurso retórico, sino como una hoja de ruta concreta para devolver la tierra y la dignidad a quienes la trabajan.
El principal mal que aqueja a nuestra nación es la concentración obscena del poder económico y territorial. Mientras un puñado acumula patrimonios inmensos y controla decisiones públicas, la mayoría de los colombianos, especialmente en las zonas rurales, vive sumida en la incertidumbre, sin acceso a tierra propia, a salud digna, a educación de calidad o a oportunidades reales. Esta desigualdad no es casual; es el resultado de un modelo que ha protegido privilegios, permitido el despojo y facilitado la captura del Estado por intereses privados. La consecuencia es un ciclo perverso de pobreza, exclusión y violencia que se reproduce generación tras generación. Romper este ciclo exige una transformación estructural, y esa transformación tiene un nombre claro: la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz.
Mi compromiso, si llego al Congreso nuevamente, será seguir defendiendo ese capítulo del Acuerdo en el proyecto legislativo bandera de mi gestión. No partimos de cero; el Acuerdo ya establece el camino. Se trata de cumplirlo con voluntad política y recursos reales. Esto se traduce en tres líneas de acción indisolubles. La primera es la redistribución y formalización de la tierra: priorizar la entrega de predios a campesinos sin tierra, reconocer y titular tierras comunitarias e indígenas, y crear mecanismos ágiles y seguros para la restitución de tierras despojadas. No es un asunto de caridad, sino de justicia histórica.
La segunda línea es la economía campesina con financiamiento real. De nada sirve entregar un pedazo de tierra si no se acompaña de las herramientas para hacerla productiva y digna. Es necesario garantizar créditos blandos, impulsar la compra pública para mercados locales, brindar asistencia técnica en agroecología y construir cadenas de valor que conecten la producción familiar con la demanda urbana. El objetivo es que la tierra sea una fuente de vida y prosperidad, no de más precariedad.
La tercera, y quizás la más urgente, son las garantías de seguridad y participación. No habrá reforma posible si no protegemos efectivamente a los líderes sociales, a los excombatientes en proceso de reincorporación y a las comunidades que defienden sus territorios. Paralelamente, debemos institucionalizar la participación vinculante de las comunidades en la planeación y ejecución de los proyectos que afectan su entorno. No nos cansamos de repetir, que la paz se construye desde abajo, no desde escritorios en la capital.
Una reforma de esta envergadura requiere financiamiento. Por eso, su ejecución debe ir de la mano de una reforma tributaria progresiva y justa, que grave los patrimonios concentrados y los latifundios improductivos, que cierre exenciones regresivas y destine esos recursos directamente a la inversión rural, la salud y la educación. No es aceptable que la carga fiscal recaiga, como siempre, sobre la clase media y los más vulnerables. Quienes más tienen deben aportar más para sanar las heridas del país.
En el Congreso, la estrategia seguirá siendo combinar el trabajo legislativo con la movilización social. Construir mayorías con fuerzas progresistas y sectores rurales, presentando proyectos piloto en las regiones de los PDET para demostrar impacto rápido y blindando la ejecución con veeduría ciudadana y auditoría en tiempo real. El fantasma de la corrupción, que tanto ha desangrado al país, se combate con transparencia radical: contratación pública electrónica obligatoria, datos abiertos, listas negras de proveedores sancionados y un régimen robusto de protección a denunciantes. Los ahorros y los activos recuperados deben destinarse a servicios públicos, no a engrosar bolsillos privados.
Esta visión de país exige también una profunda democratización del sistema político. Apoyo una Asamblea Constituyente que nazca desde la ciudadanía y cuenta con reglas claras que impidan su captura por las élites: convocatoria por referendo, mandato preciso (reforma agraria, justicia fiscal), representación efectiva con cupos territoriales y para comunidades históricamente excluidas, y veeduría permanente. Pero, con o sin constituyente, es imperativo impulsar reformas que acerquen el poder a la gente: mecanismos de democracia directa como referendos e iniciativas populares vinculantes, y una regulación estricta del financiamiento de campañas para que la política deje de ser un negocio. Por coherencia con este principio, creo necesario revisar y reducir los salarios de congresistas y altos funcionarios cada vez más, acompañado de una profesionalización del Estado.
En materia de paz y seguridad, doy un respaldo crítico y exigente a la Paz Completa que defendemos desde La Habana. La Paz Total ha fracasado por falta de contenido que se debe construir: si profundiza lo pactado en 2016, si garantiza reparación, verdad y justicia, y si destina recursos reales a la transformación territorial. No apoyo un discurso de seguridad o a una herramienta para más militarización. Los diálogos con grupos armados ilegales son necesarios, pero deben tener objetivos claros, condiciones verificables y priorizar los derechos de las víctimas y las causas estructurales del conflicto, no la impunidad.
En política exterior, Colombia debe negociar desde la soberanía y la dignidad. Con Estados Unidos, la cooperación en seguridad o comercio debe ser transparente, auditada y con contrapartidas sociales claras. Debemos diversificar nuestros aliados y fortalecer la diplomacia multilateral.
Mi campaña para la Cámara por Antioquia es el reflejo de estas convicciones. Se financia con aportes pequeños de personas naturales, recursos del Partido Comunes y el trabajo voluntario de militantes. Rechazamos dinero de grandes empresas o contratistas del Estado. Todo es público y auditable.
Mi mayor motivación para aspirar nuevamente al Congreso nace de la raíz y del compromiso. Nace de haber visto de cerca el dolor del desplazamiento, la promesa incumplida y la tierra árida por el abandono. Llegó la hora de que la política se siga construyendo de otra manera. Llegó la hora de honrar los acuerdos, de distribuir la tierra, de democratizar el poder y de construir una paz que no sea una firma en un documento, sino una realidad palpable en cada vereda, en cada mercado y en cada familia que pueda, por fin, vivir con dignidad en su territorio. Ese es el contrato que quiero firmar con la gente. No prometo milagros, sino trabajo obstinado y coherencia. La tarea es enorme, pero el horizonte es claro: tierra para quien la trabaja, recursos para producir y garantías para que la paz eche raíces profundas en la Colombia rural.
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