La reciente decisión del Tribunal Electoral de impedir la participación de un candidato en la consulta popular no es un simple tropiezo procedimental. Es, como ya lo hemos señalado desde el Partido Comunes, un golpe a la médula de la democracia y la prueba viviente de una enfermedad crónica que aqueja a nuestro sistema político: la captura de la institucionalidad por clanes políticos y económicos que operan como una telaraña de poder, ahogando la voluntad popular y priorizando sus mezquinos intereses sobre el destino de la nación. Esta no es una derrota para una facción, sino una afrenta a todos los colombianos que aún creen en la posibilidad de elegir.
Lo ocurrido trasciende el caso particular. Es el síntoma de una arquitectura institucional agotada, diseñada en otra época y para preservar privilegios, no para garantizar derechos. La democracia es un organismo vivo que necesita oxígeno: ese oxígeno son los derechos efectivos, la participación real y la justicia social. Cuando estos elementos faltan, la democracia se convierte en una cáscara vacía, un ritual formal donde las élites rotan en el poder mientras el pueblo se debate entre la desesperanza y la indignación. La decisión del tribunal es el reflejo de este modelo perverso: en lugar de ser el árbitro que garantiza la competencia limpia, se transforma en el guardián que cierra la puerta.
Frente a esta realidad, el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente deja de ser una consigna ideológica para convertirse en una necesidad histórica de supervivencia democrática. Colombia requiere con urgencia un nuevo pacto social, construido desde la base, donde la sociedad en su pluralidad – campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios con visión de país – pueda deliberar y decidir las reglas fundamentales de su convivencia. No se trata de un capricho, sino del mecanismo más legítimo para desconectar los hilos de esa telaraña de poder y construir una institucionalidad a prueba de manipulación. Una Constituyente es el antídoto a la polarización, pues obliga al diálogo fundacional sobre lo que nos une: el deseo de un país donde la justicia no sea un privilegio y la participación no sea un delito.
Sin embargo, este camino no se recorrerá solo con indignación. La elección de un Congreso más progresista en 2026 es la llave maestra. Es la garantía política para que la convocatoria a una Constituyente deje de ser un sueño y se convierta en un proyecto de ley viable. Por ello, la lucha hoy tiene dos frentes inextricables: la denuncia firme de cada atropello institucional, como este del Tribunal Electoral, y la construcción de una fuerza ciudadana y política consciente, organizada y determinada a ganar las mayorías necesarias en el próximo ciclo electoral.
La tarea es monumental, pero el camino está claro. Cada golpe a la democracia, como el que hoy lamentamos, debe redoblarnos la convicción. No podemos claudicar. La respuesta a la exclusión no es el despecho, sino la organización masiva. La respuesta a la institucionalidad capturada es la creación de una nueva, desde sus cimientos. Sigamos, pues, luchando, pero con la mira puesta en la construcción colectiva de ese país justo y democrático que se nos debe. El 2026 no es solo una fecha electoral; es la próxima trinchera en esta batalla por el alma de Colombia. Nuestro voto será, entonces, mucho más que un sufragio: será un acto constituyente.
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