La lógica del capital, insaciable, siempre busca nuevas fronteras para su rentabilidad. Hoy, en Colombia, esa frontera se está dibujando tras los muros de las cárceles. El anuncio del cierre financiero, por parte del Grupo Aval, para la construcción de la primera cárcel del país bajo un modelo de Alianza Público-Privada (APP) en Medellín, por 215 mil millones de pesos, no es un hecho aislado. Es la materialización de un giro profundo: convertir el castigo y la privación de la libertad en un activo financiero. Bajo la estratégica figura “público-privada”, el capital privado recoge la rentabilidad garantizada por el erario público, mientras el Estado asume los riesgos y la responsabilidad última. Es el mismo patrón ya visto en la salud, la educación y las pensiones; ahora le toca al sistema penitenciario. La privatización de las cárceles.
Detrás de este movimiento hay actores de vieja data en el poder económico nacional. El Grupo Aval, del magnate Luis Carlos Sarmiento, uno de los conglomerados financieros más grandes del país. Su incursión en el negocio carcelario no es casual. Tampoco lo es el historial del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) o Sindicato Antioqueño, ese conjunto de empresas que fue el más representativo y grande de Colombia, con intereses que van desde la banca hasta los alimentos. Tras décadas de acumulación que en gran medida han obetenido a partir de recursos públicos y concesiones estatales, estos grupos ahora ven en la crisis carcelaria una oportunidad de negocio.
Las preguntas éticas son urgentes. En un modelo donde la rentabilidad depende del número de presos (que seguro luego llamarán “usuarios”), ¿a quién se condena y por cuántos años? ¿Qué delitos se priorizan? La historia reciente nos da puestas en escena siniestras. Recordemos instituciones como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuya implicación en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” ha sido ampliamente documentada por la Justicia Especial para la Paz. O el Departamento de Orden Ciudadano (DOC), que en los años ochenta, bajo el rótulo de “patrullar las calles”, operaba como un brazo armado al servicio del crimen organizado (“¡pilas que viene la camioneta negra!). Estas entidades, pagadas con dinero público, terminaron funcionando como ejércitos de la mafia, donde los detenidos o asesinados fueron, en muchos casos, víctimas de una maquinaria perversa.
Hoy, el negocio no necesita de la violencia directa; se legaliza mediante contratos APP. Pero el sustrato es el mismo: la especulación con un servicio público esencial, insisto, su privatización. Y el caldo de cultivo ya existe. Según reportes, el 53% de las extorsiones en Colombia se realizan desde dentro de las cárceles. Esto evidencia que los centros penitenciarios ya son epicentros de negocios ilegales y redes de poder criminal. La pregunta es si la entrada de grandes conglomerados financieros, lejos de solucionar el problema, lo institucionalizará y monetizará aún más. ¿Será que la oligarquía, después de vivir de las ganancias de empresas públicas como EPM, ahora quiere vivir de la delincuencia que ya no le sirve o que quiere condenar para que no le estorbe?
La privatización de las cárceles es la culminación de un proceso de mercantilización de la vida social, el fetiche de las mercancías que dijera Marx. Se trata de la misma lógica que ha convertido la alimentación de los niños en un negocio, la salud en un mercado y la educación en un producto de garaje. En este esquema, el preso deja de ser un sujeto de derechos y de reinserción para convertirse en una unidad de ingreso. La justicia se subordina a la ganancia.
Un sistema penitenciario que tiene como motor la ganancia privada está condenado a perpetuar el hacinamiento, la corrupción y el fracaso de la resocialización. La ciudadanía debe exigir que la política criminal se discuta en el ámbito de los derechos y la justicia social, no en el de los portafolios de inversión. De lo contrario, habremos normalizado que la libertad de unos se pague con el encarcelamiento rentable de otros.
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