Cada vez que Colombia entra en temporada de lluvias intensas, el país activa el mismo libreto institucional: decretos de emergencia, balances de afectaciones, albergues temporales, ayudas humanitarias, promesas de reconstrucción. Se habla de “ola invernal”, de “fenómenos atípicos”, de “eventos extremos”. El lenguaje es siempre el mismo, y también lo es el supuesto que lo sostiene: la idea de que estamos ante una excepción, un episodio extraordinario que interrumpe la normalidad.
Pero vale la pena decirlo con claridad: la lluvia no es la emergencia. La verdadera emergencia es un modelo de desarrollo agotado que ha convertido el clima en una amenaza permanente para la vida, especialmente para quienes habitan los territorios históricamente marginados.
Lo que hoy vive Colombia con el frente frío, las lluvias intensificadas y los desbordamientos simultáneos de ríos no es una anomalía pasajera ni un simple capricho de la naturaleza. Es la manifestación concreta de una crisis más profunda: una crisis civilizatoria en la que el cambio climático expone los límites ecológicos, sociales y políticos del capitalismo contemporáneo.
Durante décadas se nos enseñó a explicar estos fenómenos apelando a la variabilidad climática. Siempre ha llovido, siempre han existido inviernos más fuertes que otros. Y es cierto: la variabilidad climática hace parte del funcionamiento natural del sistema climático. Sin embargo, esa explicación resulta hoy insuficiente, incluso engañosa, si no se acompaña de una pregunta clave: ¿en qué condiciones ocurre hoy esa variabilidad?
Porque la variabilidad climática ya no opera sobre un clima estable, sino sobre un sistema profundamente alterado por la acción humana. El aumento sostenido de la temperatura global, el calentamiento de los océanos, la deforestación masiva y la degradación de ecosistemas han intensificado el ciclo hidrológico. En términos simples: cuando llueve, llueve más; cuando los ríos crecen, lo hacen con mayor violencia; cuando llega un frente frío, sus impactos se amplifican.
Por eso, la ola invernal actual no puede leerse como un evento aislado. Es el resultado de la interacción entre la variabilidad climática y un cambio climático inducido por un modelo económico que necesita crecer sin límites en un planeta finito. Negar esta relación no es neutralidad técnica; es una forma de negación política.
La pregunta de fondo, entonces, no es por qué llueve tanto, sino por qué esas lluvias se convierten sistemáticamente en desastre. La respuesta no está en la meteorología, sino en el territorio. Y más específicamente, en la forma como el capitalismo ha reorganizado los territorios, particularmente la ruralidad y las regiones periféricas de América Latina y el Caribe. Allí donde el bosque fue reemplazado por monocultivos, donde los ríos fueron encajonados para proteger infraestructura privada, donde la minería y la agroindustria degradaron cuencas enteras, la lluvia deja de ser un fenómeno natural y se convierte en detonante de catástrofes anunciadas.
La ruralidad no aparece aquí como un espacio atrasado o marginal, sino como un territorio funcional al modelo de acumulación. Es en el campo donde se extraen los recursos, se concentran los impactos ambientales y se externalizan los costos del desarrollo. Cuando la lluvia cae sobre estos territorios, lo hace sobre suelos erosionados, sobre laderas inestables, sobre comunidades sin infraestructura adecuada ni presencia estatal sostenida.
Este patrón no es exclusivo de Colombia. América Latina y el Caribe enfrentan el cambio climático desde una posición estructuralmente desventajosa. Son regiones altamente vulnerables a eventos climáticos extremos, con baja responsabilidad histórica en las emisiones globales, pero con una altísima carga de impactos. Esta desigualdad no es accidental: responde a una historia de colonización, extractivismo y subordinación en la economía mundial.
Aquí es donde el concepto de justicia climática se vuelve central. El cambio climático no es olo un problema ambiental; es un problema de poder. ¿Quién decide qué se produce, dónde y a costa de qué territorios? ¿Quién se beneficia del crecimiento y quién asume los riesgos?
La crisis climática responde estas preguntas con crudeza: quienes menos han contribuido al calentamiento global son quienes más sufren sus consecuencias. Desde una lectura gramsciana, esta situación puede entenderse como una forma de subalternidad climática. Los territorios subalternos – la ruralidad, América Latina, el Caribe – no solo padecen los impactos del cambio climático, sino que carecen de capacidad efectiva para incidir en las decisiones que lo producen. No definen el modelo energético, no controlan los flujos de capital, no participan en igualdad de condiciones en la gobernanza climática global. Viven la crisis sin poder decidir sobre ella.
Esta subalternidad se reproduce también en el plano interno. El Estado aparece, una y otra vez, como administrador de la emergencia, pero no como transformador de las condiciones que generan el riesgo. Declara estados de excepción, moviliza recursos temporales, entrega ayudas humanitarias. Todo eso es necesario, pero profundamente insuficiente. Un Estado que solo responde cuando el desastre ocurre termina siendo funcional al modelo que lo produce.
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