Hay palabras que, por repetidas, se vuelven un atajo para no pensar. La minería es una de ellas. Se pronuncia como si nombrara una sola cosa, como si bajo esa palabra cupieran los mismos dolores, los mismos intereses y las mismas responsabilidades. Hace algún tiempo algunas personas de izquierda, progresistas, alternativas, que conocen y viven de manera seria las realidades de los territorios empobrecidos de Colombia, proponen dar la pelea por la minería, para que deje de ser perseguida y deje de ser ilegal, y en cambio sea formalizada. El mensaje, en apariencia, suena a justicia social. Pero a mí me dejó un mal sabor, no por la intención de proteger a comunidades empobrecidas, sino por la ambigüedad peligrosa que se cuela cuando la política habla en bloque de un fenómeno que es, por naturaleza, desigual y violento.
Porque lo primero que hay que decir, sin miedo a incomodar, es que no existe una sola minería, y tampoco pretendo pontificar sobre tipologías que ya están definidas en la ley. Existe el barequeo de batea, existe el socavón precario, existe la cooperativa comunitaria que intenta sobrevivir entre tramites imposibles, existe la empresa formal que opera con permisos y también con privilegios, incluidas multinacionales que extraen mucho y devuelven poco al territorio; existe la retroexcavadora que devora el rio como si fuera pan y deja atrás un desierto de lodo, y existe la draga que no llega sola porque rara vez el capital que la mueve es inocente. Meter todo en la misma bolsa es una absolución anticipada. Y una izquierda que pretende ser vanguardista no puede darse el lujo de absolver por comodidad. En otras palabras, hay que problematizar la noción misma de minería: que una comunidad se vea obligada a vivir de ella en contextos de exclusión y miseria no convierte esa dependencia en una vía hacia la vida digna que esas comunidades merecen.
También es cierto que el Estado colombiano ha sido históricamente eficaz para perseguir al pobre y torpe para enfrentar al poderoso. Es cierto que muchas comunidades viven una criminalización cotidiana mientras ven cómo otros hacen negocios con licencias, abogados y seguridad privada. Pero de esa verdad no se sigue que toda minería llamada ilegal sea una minería defensable. Hay una ilegalidad que es sobrevivencia frente al abandono, y hay otra ilegalidad que es depredación organizada, financiada, armada y que se disfraza de necesidad para operar sin límites. Si la política no distingue, termina defendiendo lo indefendible y entregando, sin quererlo, un argumento moral al extractivismo más brutal.
En territorios donde el río es la despensa y la montaña es el techo, la diferencia entre una actividad artesanal y una operación mecanizada no es un tecnicismo. Es la línea que separa un impacto acotado de una herida que puede tardar generaciones en cerrar. Una batea no reconfigura el cauce de un río, una draga sí. Una pala no captura el poder local con la misma fuerza con la que lo hace una retroexcavadora. Y cuando aparecen las máquinas grandes, casi nunca aparece solo la tecnología: aparece también una cadena de control que no cabe en los discursos amables. Quien es el dueño real de esa maquinaria, quien pone el combustible, quien compra el oro, quien lava los billetes, quien impone el silencio. En demasiados lugares del país esas preguntas no son teóricas, son la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso me incomoda que se presente a las comunidades solamente como víctimas sin reconocer que, detrás de muchas operaciones, hay redes criminales que se alimentan de la pobreza y se enriquecen destruyendo la casa de los mismos pobres. Y para evitar malentendidos lo digo de frente: esta columna no es un reproche a los pobres ni a sus estrategias de subsistencia en contextos empobrecidos, sino una invitación a pensar con seriedad un problema que pertenece al paradigma de la complejidad, donde las respuestas simples suelen ser las más injustas, y donde una mirada crítica y alternativa es precisamente la condición para construir soluciones verdaderas.
La izquierda no puede perder el norte por miedo a ser tildada de moralista. Defender a la gente no es defender cualquier práctica que el hambre impone. Defender a la gente es precisamente luchar para que el hambre no obligue a destruir el territorio que sostiene la vida. Y aquí aparece una pregunta que debería ser central en cualquier partido que se reclame transformador. Si una parte considerable de la minería es de subsistencia, por qué el horizonte político consiste en formalizar el socavón y no en sustituir el ingreso. Por qué damos por hecho que el destino del campesino y de la juventud rural debe estar en el barro del rio removido o en el túnel sin aire. Si el problema es el ingreso, la respuesta de fondo no puede ser solo un permiso. La respuesta de fondo es reforma agraria real, con tierra, agua, crédito, asistencia técnica, mercadeo, infraestructura, vías, escuelas y salud. Es decir, soberanía alimentaria como alternativa material, no como consigna.
En ese punto la palabra formalización se vuelve una trampa. Formalizar puede significar dos cosas. Puede significar extender derechos, seguridad social, condiciones dignas, reglas claras. Pero también puede significar legalizar la precariedad y volver permanente un modo de vida que se sostiene en destruir el suelo, contaminar el agua y fracturar el tejido comunitario. Una izquierda que se limita a formalizar lo existente, sin proponer transiciones, corre el riesgo de convertir el sufrimiento en política pública. Como si la dignidad consistiera en que el Estado ponga un sello sobre una condena.
Por eso creo que Comunes, precisamente por su origen y por su vocación territorial, debería hablar de minería con una precisión que no sea tecnocrática sino ética. No basta con decir defender la minería. Hay que decir defender a quién, contra quién, para qué, y hasta cuándo. Una cosa es proteger economías populares mientras se construyen alternativas reales, y otra muy distinta es blindar un extractivismo que destruye cuencas, erosiona suelos y deja a las comunidades más pobres de lo que estaban, solo que ahora con el río muerto. Una izquierda coherente no es la que aplaude cualquier actividad porque genera empleo, sino la que se pregunta qué clase de empleo es ese cuando el costo es envenenar el agua e hipotecar el futuro.
Esta no es una discusión abstracta. Hace poco, en mi pueblo, Urrao, estructuras criminales asociadas a las AGC han impuesto la minería en territorios históricamente agrícolas. Se vive una bonanza y, como ocurre en los ciclos de fiebre, muchos pobres sueñan con salir de la pobreza a punta de oro, como si el metal pudiera reparar de golpe décadas de abandono. Ante una situación así, guardar silencio sería una forma de complicidad. No se trata de criminalizar la subsistencia, pero tampoco podemos romantizar una economía que llega armada, altera la vocación productiva del territorio y vuelve fugaz lo que antes era sostenible. Porque también es un crimen, aunque se disfrace de oportunidad, destruir una quebrada, degradar el suelo y convertir un pueblo campesino en satélite de una renta ilegal. Y si algo debería decir Comunes con firmeza es esto: no nacimos mineros por destino, y la fuerza campesina que ha sostenido la vida, la comida y la permanencia en el territorio no puede ser desplazada como si fuera una nostalgia. Debe seguir siendo una bandera política, precisamente para que la gente no tenga que elegir entre el hambre y la devastación.
Y hay otro punto que incomoda, pero que es necesario poner sobre la mesa. No todo mineral tiene el mismo sentido histórico. En el debate contemporáneo se habla de transiciones productivas y energéticas, y se invocan minerales como si fueran una justificación general. Pero buena parte de la minería de metales preciosos, en especial el oro, está atada a una economía mundial donde el metal funciona como fetiche de lujo o como refugio financiero, mientras las regiones que lo sacan viven sin acueducto, sin hospital y con presencia armada. No hay poesía revolucionaria posible en un modelo que cambia agua por brillo y vida por especulación. Si la izquierda del siglo pasado se enamoró de la industria pesada como promesa, la izquierda del siglo XXI tiene que enamorarse de otra idea más elemental y más radical. La vida es el único programa que no admite aplazamientos.
Mi crítica no es contra las comunidades mineras, ni contra el trabajador que se agarra de lo que encuentra para sobrevivir. Mi crítica es contra un modelo de desarrollo que obliga a elegir entre hambre y devastación. Mi crítica es contra una institucionalidad que llega tarde y llega mal, y que cuando llega, muchas veces, llega solo a perseguir al eslabón más débil. Y mi crítica es también contra una política que, por ganar un aplauso rápido, se acostumbra a hablar con palabras grandes y vacías. La izquierda no puede contentarse con ser el traductor amable de lo existente. Tiene que ser el arquitecto de lo posible.
Una posición vanguardista, si de verdad queremos proponerla, tendría que sostener al mismo tiempo tres cosas que suelen separarse por conveniencia. La primera es una protección social inmediata para las familias que hoy dependen de la minería popular, porque nadie transita desde el hambre. La segunda, un desmantelamiento real de las economías criminales que capturan la cadena, porque sin eso cualquier discurso de formalización será un manto para la mafia. La tercera, una transición productiva territorial con reforma agraria y diversificación económica, para que la minería deje de ser destino y se vuelva, en el mejor de los casos, una etapa de salida. Eso es izquierda. No romantizar la necesidad, sino organizar la libertad.
Si cualquier fuerza política que se reclame transformadora quiere dar una pelea, que la dé de verdad. Que no sea la pelea por legalizar una palabra, sino por dignificar una vida. Que no sea la pelea por defender la draga, sino por defender el agua. Que no sea la pelea por sostener el oro como centro de la economía regional, sino por abrir un camino en el que la gente no tenga que destruir su casa para poder comer. Porque un proyecto político que dice nacer del territorio no puede terminar defendiendo, sin matices, una práctica que en demasiados lugares ha significado muerte del río, captura criminal y pobreza perpetua.
Al final, la pregunta no es si la minería debe ser perseguida o formalizada. La pregunta es si el país quiere seguir administrando la devastación como política social o si se atreve a construir alternativas que hagan innecesaria esa devastación. La izquierda que viene, si quiere merecer ese nombre, no puede confundirse con enemigo. El enemigo no es el pobre que busca un jornal. El enemigo es el modelo que lo empuja a arrancarle el futuro a su propio territorio. Y a ese modelo no se le responde con un permiso. Se le responde con tierra, con derechos, con justicia y con un principio simple que debería guiar cualquier proyecto emancipador. La vida vale más que el oro, y la política que no se atreva a decirlo, termina trabajando para quienes siempre han convertido el brillo en poder y el barro en condena.
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