Empresas Públicas de Medellín (EPM) encarna la contradicción en sí misma: la de una máquina financiera virtuosa que, al mismo tiempo, es testigo y parte de un drama social profundo. Mientras sus balances celebran utilidades que rozan los cinco billones de pesos y sus transferencias engrosan los presupuestos oficiales, en las laderas de la misma ciudad que la vio nacer, cerca de 300.000 personas sobreviven en la penumbra, sin acceso formal a la luz o al agua. Esta no es solo una paradoja; es la evidencia de un modelo que ha privilegiado la acumulación de capital sobre el cumplimiento de su mandato social originario.
Los números, fríos pero claros, narran una historia de éxito corporativo divorciado del bienestar colectivo. Entre 2021 y 2024, los ingresos del Grupo EPM escalaron de 25 a más de 41 billones de pesos. Para 2024, la utilidad neta alcanzó los 4.9 billones, con un EBITDA de 11.6 billones. Este torrente de recursos, sin embargo, se traduce en transferencias millonarias al municipio (proyectadas en 2.65 billones para 2025 según la información oficial disponible) y sustanciosos pagos de impuestos a la Nación, pero no en la solución del drama humano de la desconexión. La lógica es perversa: las familias más pobres, aquellas que no pueden pagar, financian con sus deudas impagables y su exclusión la solvencia de una empresa que les niega el servicio.
La estructura de gobernanza, diseñada para blindar técnicamente a la empresa, ha terminado por aislarla de su razón de ser: el pueblo. Aunque su único propietario es el Municipio de Medellín, la voz de los usuarios de las comunas populares no tiene poder real en la Junta Directiva. Esta se configura como un espacio de notables y técnicos, donde las decisiones sobre tarifas, inversión y expansión se toman midiendo riesgos financieros y no vulnerabilidades sociales.
Frente a esto, las organizaciones sociales durante años ha elevado su voz exigiendo un programa para la democratización que se sustenta en:
- Justicia tarifaria real: No más congelamientos que esconden deudas futuras. Se exige una reducción estructural de tarifas, que refleje la eficiencia operativa de la empresa y reconozca que los servicios públicos son un derecho, no una mercancía de lujo.
- Mínimos vitales garantizados: La extensión del Mínimo Vital de Agua y la creación de su equivalente en energía, para erradicar la desconexión por pobreza. El acceso a estos servicios debe ser amparado como un derecho fundamental.
- Inversión social prioritaria en las periferias: Las utilidades billonarias deben destinarse, de manera prioritaria y auditable, a la condonación de deudas históricas, la legalización de barrios y la instalación de infraestructura digna en las comunas. El bienestar generado por lo público debe volver, primero, al pueblo.
EPM está en una encrucijada: puede seguir siendo la joya técnica de una élite político-empresarial, o puede reinventarse como un verdadero común. Por una EPM con P de Pueblo no es un eslogan; es una ruta. Pasar de la maximización de utilidades para unos pocos a la maximización del bienestar para todos requiere una reforma democrática de su gobierno corporativo, una redistribución radical de sus excedentes y el reconocimiento de que su mayor activo no está en sus centrales hidroeléctricas, sino en la gente a la que debe servir. La verdadera pujanza se medirá el día en que la última familia de las laderas encienda una luz sin miedo a la factura.
About the Author
