Hace pocos días en Medellín se anunció que gracias al grupo aval se había logrado el cierre financiero para que la empresa Prodemex, a través de una Alianza Público Privada, construyera y operara una cárcel para sindicados en la ciudad. En Medellín quieren hacer un negocio con la cárcel, con el derecho fundamental a la libertad. Con el cuento (a veces cierto por un extralimitado populismo punitivo) del hacinamiento y de los retenidos en estaciones y centros de detención transitoria, la Alcaldía impulsa una alianza público privada para construir y operar una cárcel para imputados, es decir, para personas que siguen siendo inocentes hasta que un juez las venza en juicio. Y ahí está el punto que debería escandalizarnos de entrada: convertir a esos sindicados en una especie de moneda de cambio entre el Estado y el capital financiero, donde cada cupo se vuelve una factura, cada cama un flujo de pagos, y la privación de la libertad un contrato con rentabilidad garantizada. No es solo que falten cupos, es que están intentando volver la libertad un negocio y el encierro un activo.
La discusión no es menor ni puede despacharse con el argumento de la urgencia. Es cierto que los centros de detención transitoria y las estaciones de policía se convirtieron, en Colombia, en bodegas humanas, y que esa realidad ha sido reconocida por decisiones judiciales que han llamado la atención sobre la inconstitucionalidad de esas condiciones. Pero casi nunca se quiere mirar la raíz del problema, que no es solo de infraestructura sino de política criminal: el populismo punitivo que inflama capturas, imputaciones y medidas de aseguramiento como si fueran trofeos, mientras vuelve excepcional lo que debería ser excepcional. Y aun así, incluso en medio de la crisis, hay una línea ética y constitucional que no se debe cruzar por desesperación: convertir el encierro de personas presumidas inocentes en una ecuación de negocio. Una cosa es asumir responsabilidades territoriales para garantizar condiciones dignas, como lo han ordenado las cortes en múltiples ocasiones, y otra, muy distinta, es diseñar un modelo en el que el equilibrio financiero depende de que haya un mínimo funcional de cuerpos disponibles para ocupar camas. En el propio debate público local se ha hablado de pagos por cupo o por persona alojada, con lógica de hotel y con obligaciones plurianuales que amarran a futuras administraciones. Dicho sin eufemismos, lo que se pretende es que el Estado convierta en renta privada el encierro de los mismos de siempre, porque en Colombia el sistema penal no se ensaña con los poderosos, se ensaña con los pobres, los empobrecidos y los marginalizados. Lo que quiere hacer el gobierno de Federico Gutiérrez es hacer plata para los privados con los cuerpos vivos de los pobres empobrecidos y marginalizados.
En ese punto aparece el primer nudo, el incentivo. Un negocio carcelario necesita estabilidad. Si el ingreso depende de cupos ocupados o de cupos disponibles pagados por el Estado, la privación de libertad deja de ser un instrumento excepcional de aseguramiento y se acerca peligrosamente a un servicio con demanda garantizada. En Estados Unidos, donde el modelo de prisiones privadas y la contratación carcelaria con operadores privados fue defendido durante décadas como solución de eficiencia, la crítica contemporánea ha mostrado un patrón reiterado: contratos con garantías de ocupación o pagos por cama, presión política para endurecer políticas criminales y una lógica empresarial incompatible con la reducción del encarcelamiento. No es una opinión marginal: informes y análisis han documentado esos riesgos y la relación entre lucro, lobby y expansión punitiva.
Quien crea que esta discusión es ajena a Medellín se está engañando con el confort del provincialismo. La cárcel privada no es solo un edificio, es una cultura institucional. Es la idea de que el castigo se administra como contrato, que la libertad puede convertirse en rubro presupuestal de largo plazo y que el encierro se vuelve un servicio con rentabilidad. Por eso importan los nombres y las trayectorias, no para caer en caricaturas, sino para entender qué tipo de capitalismo entra por la puerta de la política criminal.
En lo que se ha divulgado, el financiamiento ha involucrado al Grupo Aval, conglomerado que ha estado bajo escrutinio y sanción en escenarios internacionales en relación con el caso de sobornos vinculado a Ruta del Sol II, con actuaciones de autoridades estadounidenses. A su turno, la construcción y operación se han atribuido a Prodemex, empresa que en México ha estado ligada a esquemas de infraestructura penitenciaria bajo modelos de asociación con privados, en un país donde el debate sobre esos contratos ha sido especialmente duro por sus costos y por el peso fiscal que terminan imponiendo al Estado. Prodemex, además, hace parte del grupo empresarial Ángeles, que también ha sido vinculado a cuestionamientos por negocios en el sector salud y por el uso de rentas publicas bajo sospecha.
Visto en conjunto, la fotografía es inquietante. No estamos hablando de filantropía ni de una solución desinteresada, sino de un entramado de empresas expertas en capturar renta estatal que ahora pretenden hacer del encierro una línea más del portafolio. Y cuando el negocio consiste en administrar cuerpos privados de libertad, el listado de exigencia pública no puede ser bajo. En Medellín, lo que se está proponiendo no es simplemente construir cupos, es abrirle la puerta a un contubernio de rentistas del Estado, con historiales cuando menos controversiales, para que conviertan la política criminal en un mercado.
Pero el problema más profundo no es de apellidos empresariales sino de principio democrático. En Colombia, la restricción de la libertad personal es una de las manifestaciones más intensas del poder público y se encuentra rodeada de garantías constitucionales y judiciales. Si el modelo termina trasladando funciones materiales de custodia, disciplina, uso de la fuerza o control coercitivo a personal privado, el interrogante no es ideológico sino constitucional: ¿puede un particular, bajo la lógica de rentabilidad, ejercer de facto una porción del monopolio legítimo de la coacción estatal sobre ciudadanos que no han sido condenados? Incluso si se pretende mantener formalmente la custodia en cabeza de autoridades públicas, la ambigüedad sobre quién administra, quién vigila y quién responde por vulneraciones es una alerta roja, porque en materia de libertad, en materia de derechos fundamentales, no debería existir zona gris.
Desde una mirada abolicionista, además, hay una verdad que la retórica de la seguridad suele borrar: el sistema penal no golpea a todos por igual. La cárcel es selectiva, no solo por sus sesgos normativos, sino por su economía moral, por su manera de cazar al débil y negociar con el fuerte. En la tradición crítica latinoamericana, se ha insistido en que la violencia del castigo se ensaña sobre quienes menos protección social tienen, y que el Estado, al administrar el dolor punitivo, reproduce jerarquías de clase, raza y territorio. Esa advertencia no es una consigna, es una descripción del funcionamiento real del poder punitivo.
La pregunta de fondo no es de cemento ni de planos, es de poder y de plata. ¿Cuánto nos va a costar esta cárcel no solo al poner el primer ladrillo, sino cada año durante las vigencias futuras que van a amarrar a Medellín, como si el encierro fuera un servicio público que hubiera que garantizarle mercado a un privado? Y la pregunta más incómoda es la más necesaria ¿Qué ciudad podríamos construir con esa misma plata si en vez de pagar camas pagamos derechos? ¿Cuántas escuelas, cuantas becas, cuantos programas de empleo juvenil, cuanta salud mental en los barrios, cuantos equipos de prevención de violencias, cuantas rutas de atención a consumos problemáticos, cuanta justicia restaurativa de verdad, de esa que repara y no solo castiga? En el debate público ya se asoma una comparación que debería encender todas las alarmas, lo que hoy se paga por sostener gente hacinada en centros transitorios frente a lo que se pagaría por el nuevo esquema concesionado. Pero esa comparación no puede servir para resignarnos a escoger el encierro más caro y más elegante. Tiene que ser el punto de partida para preguntarnos por qué seguimos financiando la cárcel como si fuera el futuro, en lugar de financiar la vida para que la cárcel deje de ser necesaria, si es que alguna vez lo fue.
La ciudad que se proclama innovadora debería ser capaz de innovar en algo más que en su capacidad de encerrar. Medellín no necesita importar el corazón económico del modelo carcelario estadounidense, ese que transforma el castigo en portafolio y la captura en unidad de ingreso. Necesita, si de verdad quiere enfrentar el delito, abandonar la superstición punitiva de que más cárcel equivale a más seguridad. Incluso desde la evidencia institucional, la expansión de infraestructura carcelaria ha mostrado límites severos, y la discusión sobre detención preventiva ha estado marcada por el abuso y por su tensión estructural con la presunción de inocencia.
Si el gobierno nacional se reclama de izquierda, no puede mirar esto como si fuera un asunto administrativo local sin significado. Una cárcel para sindicados en APP no es solo un proyecto distrital: es un mensaje de país sobre el rumbo de la política criminal. Normalizar que el encierro sea un negocio es normalizar que la pobreza carcelaria sea un nicho. Y eso es incompatible con cualquier promesa democrática de dignidad.
Al final, la pregunta no es si Medellín tendrá una nueva cárcel. La pregunta es qué ciudad quiere ser. Una ciudad que administra la exclusión mediante contratos de disponibilidad, o una ciudad que vuelve innecesaria la cárcel porque hace disponible lo que de verdad reduce el delito: derechos, oportunidades, igualdad material. La cárcel en concesión es, en el fondo, la confesión de una derrota moral: la renuncia a construir una Medellín donde la libertad no sea mercancía y la seguridad no sea un negocio.
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Este proyecto de cárcel bajo una Alianza Público-Privada no solo abre un debate jurídico y ético profundo, sino que evidencia el modelo de ciudad que está impulsando la actual administración. Mientras Medellín enfrenta problemas urgentes de empleo, educación, salud mental y oportunidades para los jóvenes, el alcalde Federico Gutiérrez decide comprometer recursos públicos a largo plazo para convertir el encierro en un negocio financiero.
No se trata de negar la crisis de hacinamiento ni las condiciones indignas en estaciones de policía. El problema es la solución elegida: un modelo que depende de que haya personas privadas de la libertad para que sea rentable. Cuando el equilibrio financiero de un contrato descansa en camas ocupadas, el mensaje es preocupante: la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una variable económica.
Medellín no se empobrece solo cuando faltan recursos; se empobrece cuando prioriza el cemento sobre las oportunidades, cuando invierte en barrotes en vez de invertir en prevención, educación y empleo. Amarrar vigencias futuras para garantizar rentabilidad privada por cada cupo carcelario significa hipotecar el presupuesto de próximas administraciones y limitar la capacidad de invertir en políticas que realmente reduzcan el delito.
Además, el sistema penal en Colombia no es neutral: golpea con mayor fuerza a los pobres. Convertir la detención preventiva en una línea de negocio termina profundizando esa desigualdad estructural. La ciudad que se vende como innovadora no puede innovar solo en cómo encierra, sino en cómo previene.
Si de verdad se quiere fortalecer la seguridad, la discusión debe centrarse en cómo reducir la violencia y las causas del delito, no en cómo hacer más eficiente el negocio del castigo. Medellín necesita más derechos y más oportunidades, no más contratos que hagan rentable la privación de la libertad.