El fenómeno de los asentamientos informales, eufemísticamente denominados “invasiones” por el discurso hegemónico, constituye una expresión territorial concreta de las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalista en su fase periférica colombiana. Lejos de ser un problema meramente urbanístico o de orden público, se erige como síntoma estructural de lo que David Harvey conceptualizó como “acumulación por desposesión”; es decir, la continuación y expansión de los mecanismos de expropiación primitiva descritos por Marx, ahora aplicados a la esfera urbana y a los bienes comunes.
En el contexto colombiano, este proceso se articula de forma directa con el conflicto armado histórico, el desplazamiento forzado masivo y una brecha de desigualdad que consolida una geografía de exclusión. Lo particular del fenómeno está en que, no obstante – y como toda acción represiva genera una reacción de resistencia (la “Ley General de la Agresión” que mencionara el camarada Iván Ríos con base en Engels y Marx) -, esta reacción ha sido sistemáticamente absorbida y distorsionada por la maquinaria político-electoral y los controles territoriales irregulares, convirtiendo la miseria en un capital político renovable y la lucha por la vivienda en un mecanismo más de dominación.
La explosión urbana colombiana de la segunda mitad del siglo XX no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de un modelo económico dependiente y de la violencia rural. Entre 1950 y 1980, ciudades como Bogotá registraron tasas de crecimiento poblacional anual de hasta el 7.2%, impulsadas por una migración campo-ciudad masiva. Este éxodo respondía a la concentración de la tierra, la falta de políticas de apoyo al campesinado y a los ciclos de violencia política que, si bien no fueron el único factor, sí aceleraron el desarraigo. El Estado, siguiendo la lógica del capital, fue incapaz de planificar una urbanización que incluyera a las masas desposeídas, generando un crónico déficit estructural de vivienda digna.
Fue en este contexto donde surgieron los movimientos viviendistas, transformando la necesidad inmediata de cobijo en una práctica política de alta densidad organizativa. En Medellín, este proceso alcanzó su expresión más avanzada y consciente con el movimiento tuguriano. Hacia 1968, familias proletarias ocuparon terrenos baldíos propiedad del Instituto de Crédito Territorial (ICT) en la zona noroccidental, destinados a un proyecto urbano nunca ejecutado. Así nació el asentamiento que, en un acto de afirmación ideológica, sería bautizado como Barrio Lenin, entre otros. Su historia es paradigmática: la ocupación inicial enfrentó intentos de desalojo por parte del ICT, resistidos férreamente por la comunidad.
La radicalización y politización del movimiento llegaron con la inserción de militantes influenciados por la Teología de la Liberación, como el sacerdote Vicente Mejía Espinosa. Bajo su liderazgo, se creó el Comité Popular del Barrio Lenin, una organización de base que rechazaba la caridad y la filantropía burguesa para centrarse en la auto-organización y la lucha reivindicativa. Este comité no luchaba solo por un lote; luchaba por el derecho a la ciudad, por la dignidad y por la construcción de un poder popular alternativo. El movimiento se articuló con otros asentamientos de nombres igualmente elocuentes – Camilo Torres, Fidel Castro, Berlín, etc. – en el Comité Central Municipal de Tugurios. Su metodología era clara: resistencia física a los desalojos, construcción de infraestructura comunitaria mediante jornadas colectivas (mingas o convites), y negociación desde la fuerza organizada para exigir urbanización y servicios.
Este ciclo de luchas, replicado en Bogotá, Cali y otras ciudades durante los 70 y 80, demostró que la ocupación de tierra urbana era un acto revolucionario: una negación práctica de la propiedad privada capitalista del suelo y un embrión de organización autónoma de la clase trabajadora. Sin embargo, la crisis económica de los 80, agravada en Colombia por la bonanza del narcotráfico que dinamizó la economía de manera distorsionada, y la escalada del conflicto armado urbano, comenzaron a alterar profundamente el panorama.
La década de los 90 marca un punto de inflexión. El capitalismo, como señaló Federico Engels, posee una capacidad prodigiosa para absorber fenómenos de origen transformador, despojarlos de su contenido revolucionario y subordinarlos a su lógica reproductiva. Esto es exactamente lo que ocurrió con la lucha por la vivienda. El debilitamiento de las organizaciones de izquierda, la infiltración del conflicto armado en los territorios urbanos y la transformación del Estado en un gestor neoliberal crearon las condiciones para una metamorfosis reaccionaria en gran parte de los asentamientos.
La ocupación colectiva y política de los 70 fue siendo reemplazada paulatinamente por una ocupación masiva, despolitizada y mediada por actores armados ilegales y redes de clientelismo. El control territorial dejó de ser ejercido principalmente por comités populares para pasar a manos de bandas criminales, paramilitares, el narcotráfico y, en algunos casos, incluso guerrillas urbanas – no siempre muy claras en el carácter ideológico de su lucha -, quienes establecieron un régimen de gobernanza ilegal. En este nuevo escenario, la tierra urbana se convirtió en una mercancía de alto valor, incluso en la informalidad. Surgió la figura del “tierrero” – un empresario ilegal de la miseria – que, en connivencia con actores armados, “lotea” y vende terrenos invadidos a familias desesperadas, generando una renta irregular que alimenta circuitos económicos ilícitos.
Paralelamente, la clase política tradicional descubrió en estos cinturones de pobreza un vivero electoral inagotable. La necesidad básica de seguridad en la tenencia, agua, luz o un título de propiedad es convertida en moneda de cambio electoral. El politiquero llega en época de campaña ofreciendo soluciones individuales – una placa de cemento, una conexión clandestina de agua, unos ladrillos, unas tejas, unos kits escolares – a cambio del voto. Así, la reproducción material de la miseria se garantiza, porque resolver el problema estructuralmente acabaría con el capital político que esta genera. La comunidad organizada que exigía derechos es fragmentada en un archipiélago de clientelas dependientes, anulando su potencial como sujeto histórico.
Varias décadas después de las primeras grandes invasiones, el fenómeno no solo persiste, sino que se reproduce bajo nuevas formas, demostrando la incapacidad congénita del capitalismo colombiano para garantizar la reproducción social de su fuerza de trabajo. La falta de implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la profundización de la desigualdad sistémica mantienen abiertos los flujos de desplazamiento y exclusión.
Durante los últimos años, como Partido Comunes, hemos estado cercanos a algunos de los fenómenos que se siguen presentando.
El ejemplo de Santa Helena, en Caucasia, Antioquia, donde más de 5.000 familias ocuparon una finca de 400 hectáreas en proceso de extinción de dominio – que había pertenecido a un narcotraficante extraditado -, ha sido uno de los procesos que hemos acompañado y que me han motivado a profundizar en este tema. La ocupación, iniciada por unas 200 familias, se quintuplicó tras la visita del presidente Gustavo Petro, cuya alocución fue interpretada como un aval, a pesar de que el predio tiene una situación jurídica compleja.
Otro ejemplo lo hemos encontrado en el barrio 1ro de Mayo de Apartadó, y las Parcelas 23 de Marzo – Barrio Envigado del municipio de Turbo, también en Antioquia. Estos asentamientos en el Urabá antioqueño, región históricamente disputada por actores armados, encarnan la síntesis entre desplazamiento, ocupación y control territorial irregular. Su nomenclatura (“1ro de Mayo”, “23 de Marzo”) evoca una memoria de lucha, pero su realidad cotidiana está frecuentemente sometida a las rentas ilegales y al clientelismo.
Estos asentamientos son el resultado más reciente de una cadena de desposesión: el campesino es despojado de su tierra en el campo por la violencia o el agronegocio; migra a las ciudades y cabeceras municipales donde, al no poder pagar arriendo, es desposeído del derecho a la ciudad formal; y termina invadiendo, solo para que su necesidad sea convertida en una renta para politiqueros. La miseria, así administrada, es un negocio electoral.
Frente a esta realidad, el Estado responde predominantemente con un fetichismo legalista propio de nuestro santanderismo más arraigado. La propuesta de soluciones choca contra una maraña de normativas (Planes de Ordenamiento Territorial -POT-, normas ambientales, de riesgos, de propiedad) que operan en la práctica como una barrera infranqueable que perpetúa el statu quo.
Este discurso técnico, aunque basado en supuestos como la protección ambiental y la planeación urbanística, omite una verdad material: la informalidad masiva es el resultado de un fracaso histórico de la planificación estatal al servicio del capital. Exigir que miles de asentamientos surgidos del desplazamiento y la pobreza extrema cumplan con todos los requisitos técnicos de una urbanización formal es, en muchos casos, una condena a la ilegalidad perpetua. El legalismo se convierte así en el aliado perfecto del electorerismo: mantiene el problema sin resolver, listo para ser explotado en cada ciclo electoral, mientras culpabiliza a las víctimas por habitar en “zonas de riesgo” o en “suelo no urbanizable”.
La historia de los asentamientos informales en Colombia es la historia de una doble desposesión: primero, del medio de vida rural; después, de la capacidad política autónoma. Lo que nació como un acto de resistencia con potencial emancipador – el movimiento viviendista y el movimiento tuguriano organizado en comités populares – ha sido largamente cooptado y convertido en un mecanismo de dominación que combina control armado, rentismo ilegal y clientelismo político.
Ante esta realidad, la tarea revolucionaria debe orientarse a reconstruir el sujeto político colectivo que fue fragmentado, y esto implica garantizar que las comunidades logren distinguir que no todos los que hablan en nombre de los invasores están del lado de las comunidades. Hay que separar al luchador social que se organiza junto a las comunidades para exigir derechos y urbanización integral, del intermediario oportunista que lucra y reproduce la dependencia.
Es necesario retornar a la reivindicación de la planificación popular frente al electorerismo que ofrece migajas y al legalismo que impone barreras infranqueables; es necesario recuperar la tradición de los comités populares desde el fortalecimiento del sujeto político colectivo. La exigencia debe ser la formalización colectiva, con urbanización digna, participación real en el diseño del territorio y titularidad colectiva o familiar que impida la reventa y la especulación futura.
El camino no es fácil. Frente a un capitalismo que convierte incluso la resistencia en mercancía electoral, solo la organización consciente, la construcción de Nuevo Poder desde abajo y la lucha por una ciudad y un campo desmercantilizados pueden quebrar el círculo vicioso de la desposesión y el clientelismo. La experiencia histórica, con sus aciertos y límites, sigue siendo un faro: la vivienda no es un favor, es un derecho; y ese derecho no se concede, se conquista con lucha organizada. La tarea sigue pendiente y ahí estaremos.
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