El 9 de febrero de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, creada por el Acuerdo Final de Paz, anunció públicamente el cierre de la investigación nacional sobre secuestros en el Caso 01 e imputó a antiguos mandos regionales, incluyendo la calificación de esclavitud como una de las conductas atribuidas.
El dato que no puede tratarse como decorado es el tiempo: ese anuncio ocurre en plena antesala de las elecciones al Congreso, fijadas para el 8 de marzo de 2026. Y en justicia transicional los tiempos también narran, la oportunidad comunica tanto como el contenido, porque el calendario define qué palabras quedan flotando en el aire público y cuáles quedan sepultadas en expedientes.
Por eso la pregunta inaugural no es defensiva ni negacionista, es política y hermenéutica: porque activar ahora, con esta intensidad simbólica, una narrativa máxima que en el debate electoral opera como rótulo totalizante. No se trata de negar el dolor ni de disputar el lugar de las víctimas, se trata de advertir que el lenguaje jurídico, cuando se comunica como sentencia moral en el espacio mediático, puede convertirse en tecnología de aniquilación reputacional y en atajo para reducir una historia compleja a un inventario de monstruos.
El riesgo institucional, además, es que el entramado comunicativo y la economía del castigo terminen desfigurando la JEP pactada en La Habana, erosionando su vocación restaurativa y su función de transición política, hasta aproximarla al pulso más rentable de la política punitiva retributiva, esa que no busca comprender el conflicto para clausurarlo, sino redituarlo electoralmente para administrarlo como culpa perpetua. En Colombia, donde la guerra fue a la vez política, territorial, económica y estatal, la palabra esclavitud no solo describe un daño atroz en el cautiverio, también activa una gramática moral que, fuera del rigor probatorio, suele operar como condena total sobre un pasado y como hipoteca de cualquier futuro político.
El problema, entonces, no es si hubo sufrimiento ni si el cautiverio produjo violencias concurrentes, el problema es qué hace el derecho cuando se vuelve narrativa y qué hace la narrativa cuando se vuelve arma. La JEP no actúa hoy como tribunal de transición, sino no como tribunal de parte y tal parece como en este caso se muestra con intereses políticos velados.
Esto hay que decirlo sin enredos y con fechas en la mano. La JEP ha ido subiendo el volumen de la misma idea en tres momentos: el 29 de abril de 2024, el Tribunal para la Paz ratificó que, en el Caso 01, la conducta podía calificarse como esclavitud frente al antiguo Secretariado. El 16 de septiembre de 2025 llegó la primera sentencia restaurativa por secuestros, con Sanción Propia. Y el 9 de febrero de 2026 se anunció el cierre de la investigación nacional y se imputó a mandos regionales, incluyendo otra vez la esclavitud entre varios crímenes. Estas fechas importan porque muestran cómo una palabra que en el derecho tiene un sentido técnico, en la política se vuelve un rótulo que aplasta todo lo demás.
Una cosa es lo que un tribunal imputa con pruebas y reglas. Otra, muy distinta, es lo que esa imputación produce cuando se vuelve narrativa, y más aún, cuando se vuelve narrativa electoral: fija un único culpable y deja al Estado, sus redes y sus responsabilidades como un murmullo de fondo. Es como si, de repente, el conflicto de medio siglo hubiera sido solo de las Farc contra el pueblo, como si nunca hubiera existido contraparte en la confrontación, como si en la práctica se reactivara la vieja tesis de que aquí no hubo un conflicto armado, sino una amenaza interna, incluso una amenaza terrorista. Y con ese giro, por un brochazo, se borra el sentido político de la rebeldía y el carácter de rebelión campesina que, en su origen, tuvo el alzamiento armado de las Farc.
Ahí aparece la crítica de fondo. El punto cinco del Acuerdo y el diseño de la justicia transicional se apoyan en el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos como si fueran un suelo firme. Pero hoy ese suelo está agrietado: esos lenguajes se han vuelto una exigencia disciplinaria para el sur global y, al mismo tiempo, un aparato incapaz de frenar a los poderosos cuando deciden ignorarlo.
Ucrania confirma que el derecho existe en el papel y se invoca sin pausa, pero no detiene la maquinaria de la guerra. El Líbano muestra que incluso con ceses al fuego anunciados, las violaciones y el riesgo para civiles persisten, mientras el derecho llega tarde, como registro y no como límite real. Gaza, que hay que nombrar sin rodeos como genocidio, exhibe el fracaso más brutal: hay un litigio ante la Corte Internacional de Justicia y hay medidas provisionales, y aun así, el sufrimiento masivo no se detiene, y probablemente no se detendrá.
Y nuestra región acaba de ver otra lección de jerarquía: la captura del jefe de Estado venezolano y bombardeos en su territorio fueron cuestionados por juristas como ilegales por ausencia de autorización del Consejo de Seguridad, ausencia de consentimiento y falta de un título claro de legítima defensa, es decir, una violación frontal de la soberanía y del núcleo duro de la Carta de la ONU, con rasgos de agresión. A la vez, el bloqueo contra Cuba sigue siendo rechazado de manera abrumadora en la Asamblea General y, sin embargo, persiste como recordatorio de que la legalidad internacional se predica más por parte de los débiles, que de los fuertes.
Con este telón de fondo, es ingenuo fingir que en la JEP no hay geopolítica: la pregunta no es solo jurídica, es histórica y política ¿La JEP sigue siendo una justicia para construir paz y para transitar de la guerra a la paz en clave de ius post bellum, o se volvió una trinchera de magistrados aferrados a una sola verdad del conflicto, como si la complejidad documentada por los esfuerzos extrajudiciales de esclarecimiento y las lecturas plurales del origen, las responsabilidades y las tramas del conflicto no existieran? Y cuando, en época electoral, activa calificaciones máximas y las comunica como si fueran piezas de impacto, el riesgo es que la transición se degrade: deja de ser restauración orientada al futuro y se vuelve castigo orientado al aplauso, un tribunal retributivo hablando el idioma del populismo punitivo.
Las epistemologías del sur enseñan a desconfiar de la pretensión de universalidad que se presenta como neutral. No para relativizar la violencia ni para justificarla, sino para ubicar el lugar desde el cual se enuncia la norma. Cuando una categoría como esclavitud se activa en un caso de cautiverio en la selva, bajo control armado, con trabajos forzados y dominación, el derecho penal internacional ofrece una traducción posible del daño. Pero la pregunta incómoda es otra. Qué efectos produce esa traducción en un país donde el Estado también ha ejercido formas de dominación extrema, donde ha existido desplazamiento masivo, donde hubo ejecuciones extrajudiciales, donde la economía de la guerra fue también economía de élites regionales y nacionales. Si la traducción jurídica termina funcionando como un espejo que agranda un solo rostro y vuelve bruma el resto del cuadro, entonces la justicia transicional se vuelve pedagogía selectiva. Y una pedagogía selectiva, aun si está bien intencionada, termina siendo munición política para los herederos del orden que hizo de la guerra un negocio. Dicho de otro modo, la JEP hoy produce insumos solo para un sector del conflicto, alimenta una única narrativa y con eso en vez de fomentar una transición, provoca el afianzamiento de un sector del conflicto.
Este es el punto más delicado, porque exige sostener dos verdades a la vez. Primera verdad. Hubo víctimas y hubo prácticas inaceptables en el cautiverio. Nombrarlas y asumir responsabilidad es condición mínima de un proyecto ético y de cualquier reconciliación real. Segunda verdad. La manera en que se nombra, se jerarquiza y se comunica ese daño puede ser instrumentalizada para reescribir la historia del conflicto como si hubiera sido un crimen unilateral contra una sociedad inocente y un Estado impoluto. Ese giro, que es tan viejo como la propaganda, hoy se presenta con toga y con un aire de superioridad moral. Se llama memoria, pero a veces funciona como un cepo. Se llama justicia, pero a veces opera como un dispositivo de derrota política permanente.
Por eso el debate no puede reducirse al impulso de arrepentimiento performativo. Hay una diferencia entre reconocimiento responsable y confesión humillante. La primera abre caminos, repara, transforma. La segunda solo alimenta la sed de castigo de quienes nunca han pedido perdón por sus propias violencias. En la Colombia real, la derecha punitiva no necesita pruebas nuevas para condenar. Le basta con un enunciado jurídicamente sofisticado para repetirlo como eslogan. Y cuando ese eslogan se instala, la discusión democrática se vuelve imposible, porque todo lo que diga el contradictor queda descalificado de antemano por la etiqueta. Esa es la trampa.
La crítica, entonces, no consiste en negar la categoría penal ni en gritar contra los jueces, sino en disputar el marco. Disputar el marco es exigir simetría narrativa y densidad histórica. Es recordar que la JEP no es un tribunal de vencedores, sino un pacto nacional de justicia transicional que debe producir verdad completa y responsabilidades múltiples. Es reclamar que la comunicación judicial no puede convertirse, por descuido o por presión, en una fábrica de titulares que pulverizan la complejidad. Es insistir en que el derecho internacional no puede ser un fetiche, sobre todo cuando el mundo contemporáneo muestra, con crudeza, el fracaso de los estándares en conflictos donde los poderosos incumplen y nadie los juzga. Cuando el derecho se aplica con vocación de universalidad pero con geografía selectiva, lo que queda no es justicia, sino jerarquía.
Hay una pregunta de fondo que atraviesa todo esto y que es política, no penal. ¿Qué lugar queda para el derecho a la rebelión en un acuerdo que promete reincorporación y pluralismo, si la traducción dominante de la guerra termina siendo la de criminales absolutos sin contexto? No se trata de romantizar la violencia ni de esconder responsabilidades. Se trata de impedir que el relato jurídico borre la dimensión histórica del conflicto y clausure la posibilidad de que los firmantes, y con ellos sectores populares que se reconocen en una tradición de resistencia, tengan voz legítima en la democracia. Si la reincorporación se convierte en una penitencia perpetua, el mensaje social es devastador. La paz se vuelve un corredor estrecho donde solo cabe el silencio ¿Quién más firmaría la paz en ese contexto? ¿Qué proyecto de paz grande en un país aún en conflicto es posible con ese mensaje? ¿Qué mensaje se le está enviando a los alzados en armas por negocio o por convicción?
Este artículo, en realidad, es una invitación a abrir una discusión que se ha evitado por miedo o por comodidad. No para romper el Acuerdo, sino para defender su sentido. Defenderlo implica leer críticamente el punto cinco, comprender sus anclajes, sus riesgos, sus asimetrías, y construir una respuesta pública que no sea negacionista ni sumisa. Una respuesta que reconozca a las víctimas sin entregar la historia a los herederos de la guerra. Una respuesta que hable de responsabilidades, sí, pero también de las responsabilidades del Estado, de las élites, de los aparatos que administraron la violencia y luego pretendieron lavarse las manos con la retórica del orden.
Si esta columna incomoda, es porque toca el nervio donde se cruzan justicia, memoria y poder. La pregunta no es si existieron daños atroces en el cautiverio ni si las víctimas merecen toda la verdad. La pregunta es qué tipo de verdad se instala cuando una justicia transicional comunica sus decisiones como rótulos definitivos, y en qué momento ese lenguaje deja de servir a la paz para servir a la disputa electoral. En un país con responsabilidades múltiples, el riesgo de esa gramática es conocido: que la transición termine contando el conflicto como si hubiese sido una sola voluntad criminal contra una sociedad inocente, y que el Estado, sus redes, sus economías de guerra y sus violencias estructurales queden relegadas al pie de página. Ese no es un problema de sensibilidad, es un problema de diseño político de la paz, porque en la ausencia de simetría narrativa se compromete la no repetición, solo hay culpabilidad perpetua.
Por eso el cierre no puede ser un lamento, tiene que ser un criterio. Si la JEP quiere seguir siendo justicia para construir paz, debe sostener su vocación de ius post bellum, no como etiqueta académica sino como brújula práctica: sanción con sentido restaurativo, verdad exhaustiva y compleja, reconocimiento sin humillación y una transición política que no convierta la reincorporación en una penitencia interminable. Esa brújula exige, además, una conciencia geopolítica: los lenguajes del derecho internacional se aplican con severidad en el sur global, mientras el norte poderoso los dobla o los ignora cuando le estorban. En ese contexto, copiar la lógica del castigo como si fuera la única forma de legitimidad es una forma de captura colonial. La tarea, en cambio, es sostener una justicia transicional capaz de dialogar con la complejidad del conflicto, como lo han reclamado los esfuerzos de esclarecimiento extrajudicial, y capaz de resistir la tentación de reducir la historia a un expediente moral de buenos y malos.
De allí que el debate de fondo no sea técnico, es político en el sentido más serio. Se trata de defender el Acuerdo sin entregarlo al arrepentimiento como espectáculo, y de defender a las víctimas sin convertir su dolor en combustible para la política punitiva. Se trata de recordar que una paz verdadera no se mide por la dureza del adjetivo, sino por la transformación real de las condiciones que hicieron posible la guerra. Si la justicia transicional se vuelve un tribunal de etiquetas, puede ganar aplausos momentáneos y perder el país. Si, en cambio, se mantiene como un sistema de transición con verdad completa, responsabilidades múltiples y horizonte restaurativo, entonces la palabra justicia recupera su sentido: no el de castigar para cerrar la historia, sino el de reparar para que la historia no se repita.
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