El intervencionismo de Estados Unidos (EE. UU.) en América Latina tiene extensos antecedentes históricos. Sus modalidades y medios para intervenir e influir en los asuntos internos de los Estados soberanos han variado a través de los años, combinando estrategias imperialistas que van desde la influencia de sus grandes empresas multinacionales para la explotación de recursos naturales, hasta el uso de las vías militares para el derrocamiento de gobiernos no alineados con la doctrina americana, además del apoyo a dictaduras militares y gobiernos fascistas en el continente. En este escenario, Colombia no ha estado exenta de los impactos de la política exterior estadounidense; por el contrario, se concibe como un punto clave de control dada su posición estratégica, sus amplios recursos naturales y una larga historia de sometimiento y dependencia disfrazada de cooperación.
Bajo este contexto, nace en 2001 el “Plan Colombia” como uno de los mayores y más importantes programas de asistencia exterior de EE. UU. en América Latina, con el fin de reforzar la capacidad del Estado colombiano y sus fuerzas armadas bajo tres componentes: 1. Componente militar y de seguridad: entrenamiento, equipamiento militar y armamentístico para combatir a los grupos insurgentes; 2. Lucha contra el narcotráfico: erradicación forzada de cultivos ilícitos; y 3. Un “fortalecimiento institucional”, en el cual se utilizan agencias de cooperación que, bajo el manto del humanitarismo, pretenden traer una falsa idea de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto armado. Pese a la enorme inversión de recursos y logística, lejos de significar afectaciones reales al negocio de la droga, dicho plan fortaleció las redes criminales, disparando las hectáreas de cultivos ilícitos y los laboratorios de producción durante los últimos años.
En este contexto, bajo el gobierno de Uribe (2002-2010), el Plan Colombia se adhirió como columna principal de la política de Seguridad Democrática, pasando de ser una estrategia de lucha contra las drogas a convertirse en un amplio programa de seguridad nacional y contrainsurgencia. Bajo esta lógica, el Plan Colombia se consolidó como un componente primordial de una estrategia geopolítica más amplia con miras al dominio total de la región, eliminando focos de resistencia y consolidando la visión del “patio trasero” de América. Esta doctrina de control de los “problemas globales de seguridad” ha prevalecido durante los últimos 30 años y se ha extendido alrededor del mundo, consolidando un dominio global y hegemónico de Estados Unidos. No obstante, en los últimos años, el surgimiento de grandes potencias económicas y militares como Rusia y China ha puesto en jaque su dominio global; además, la aparición de una serie de Estados como Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela han representado contrapesos en Asia, Medio Oriente y en América Latina.
Estos contrapesos han ido debilitando poco a poco el poderío económico y militar de EE. UU., dando pie al surgimiento de conceptos como el “multipolarismo”, que plantea que el sistema internacional avanza hacia un dominio multipolar, en el cual una serie de potencias mundiales llevarán las riendas de la gobernanza global bajo estrictos parámetros de multilateralismo y cooperación. No obstante, las contradicciones subyacentes a este cambio traerían consigo conflictos inevitables que pudiesen escalar en nuevos escenarios de guerra. Es decir, el deterioro del imperio americano es evidente; sin embargo, su derrumbe probablemente signifique una lucha férrea por permanecer bajo el dominio global, dado que, como efecto dominó, la caída de EE. UU. llevaría consigo la caída de Europa y los valores occidentales tradicionales.
Tener en cuenta este contexto es sumamente importante para lograr una lectura asertiva de la realidad política actual en nuestra región y las consecuencias directas de los cambios en la política exterior estadounidense desde la llegada de Donald Trump. Estos cambios han sido significativos y se pueden ver condensados en el documento titulado “National Security Strategy”, publicado en 2025 por el gobierno americano, donde se resume que: “Después de años de descuido, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región”. Además, menciona que: “El Consejo de Seguridad Nacional iniciará de inmediato un sólido proceso interinstitucional para encomendar a las agencias —con el apoyo del brazo analítico de nuestra Comunidad de Inteligencia— la identificación de puntos y recursos estratégicos en el hemisferio occidental con miras a su protección”.
Allí se plantea una serie de cuestiones de mucha importancia en el contexto global y regional actual. En primer lugar, el documento reconoce que EE. UU. no es hoy en día el dueño absoluto del mundo y que su poder e influencia están, sobre todo, en lo que llaman “hemisferio occidental”. Por lo tanto, las regiones concernientes a Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa son áreas de control e influencia clave para EE. UU., por lo cual cualquier amenaza en esta zona que ponga en riesgo los intereses nacionales del país será repelida. Como amenaza explícita a los intereses nacionales se mencionan fenómenos como la migración masiva, el narcoterrorismo, las organizaciones transnacionales y lo que denominan “hostile foreign incursión” para referirse a la fuerte influencia económica, militar y estratégica de China, Rusia e Irán con algunos países occidentales y latinoamericanos.
Además, uno de los puntos más importantes es que reconoce el cambio de paradigma en la estrategia de lucha contra las drogas, ya que serán reconocidos como actores beligerantes, pasando de tener una visión meramente “policial” que consideran fallida, a una visión “militar” en la cual se equipara a las bandas criminales con organizaciones terroristas. El documento afirma que este cambio permite avanzar hacia una neutralización efectiva de la amenaza, superando los limitantes impuestos por el derecho internacional y los tratados internacionales frente a este tipo de acciones. Bajo esta lógica, se llevó a cabo una estrategia de militarización de los mares Caribe y Pacífico con el fin de construir un cerco operacional que garantice el dominio pleno de la región.
Además, este cambio de paradigma permitió incluso legitimar el ataque a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, el cual no fue presentado ante los medios internacionales como un crimen de agresión o una ocupación o intervención militar en un país soberano, sino como un ataque al cabecilla de un supuesto cartel del narcotráfico. Esto tiene connotaciones completamente diferentes, ya que, a diferencia de lo que muchos vaticinaban, el ataque a Venezuela no significó el inicio de un conflicto armado internacional; por el contrario, el gobierno oficialista continúa ejerciendo el poder, pero con un notable cambio en el tono diplomático, el cual deja entrever que el petróleo y la política venezolana se encuentran bajo influencia norteamericana después del ataque. En ese sentido, la operación de neutralización del presidente Maduro funcionó como mecanismo aleccionador de castigo que, más que crear un nuevo foco regional de conflicto, logró el sometimiento parcial del gobierno venezolano a los intereses estadounidenses.
A su vez, este hecho generó un aviso importante para Colombia, en la medida en que, siendo el centro operacional del narcotráfico regional y global, se erguía como el posible siguiente objetivo militar de EE. UU. Al parecer, el modo de operar sería el mismo: luego de su incorporación a la Lista Clinton, el presidente Gustavo Petro sería acusado de pertenecer a una amplia red de cooperación del narcotráfico, lo cual legitimaría posibles ataques armados al país, forzando el cambio hacia un gobierno más favorable a los intereses nacionales de EE. UU. Esta situación no solo generó profunda tensión dentro de los círculos del poder político en Colombia, sino que obligó al Estado colombiano a agotar todas las vías diplomáticas posibles para establecer un canal de comunicación directa con el gobierno de Trump.
En consecuencia, la reunión directa entre ambos mandatarios, llevada a cabo el 3 de febrero, dejó como resultado un restablecimiento de las relaciones Colombia-Estados Unidos. La reunión fue categorizada por muchos como un importante logro diplomático del gobierno Petro, en la medida en que no solo logró generar canales diplomáticos directos, sino que expuso la necesidad de cooperar entre el gobierno colombiano, venezolano y estadounidense en la neutralización de cabecillas de grupos armados que operan en la frontera y en la reactivación de la economía entre los tres países, dando pie a la cancelación de las sanciones económicas a Venezuela impuestas desde 2015. No obstante, otros enfoques consideran que, más allá del logro diplomático, el mensaje es claro: estamos ante la puesta en marcha y ejecución de una nueva versión del Plan Colombia, extendida hacia los países vecinos de Ecuador y Venezuela. En este escenario, los Estados o personas que se opongan a la ejecución de dicho plan serán repelidos por la fuerza bajo la mirada atónita del mundo.
En conclusión, esta estrategia no solo busca el control directo de la región con miras a fortalecer el poder hegemónico de Estados Unidos en Occidente, sino que busca crear en América Latina un muro de contención frente a la influencia de China, Rusia e Irán ante una posible escalada global del conflicto. Por eso también se aplican estrategias de guerra comercial a partir de sanciones y aranceles para quienes comercien o cooperen con aquellos países considerados como “influencias extranjeras hostiles”. En ese sentido, no solo se presenta una amenaza explícita a quienes no estén alineados con EE. UU., sino que se generan incentivos para quienes sí lo están. El documento menciona que: “Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén ampliamente alineados con nuestros principios y estrategia”.
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