En el debate público colombiano, el concepto de “seguridad” ha sido siempre un campo de batalla ideológico. No podemos permitir que nos lo sigan definiendo desde las trincheras del poder económico, que siempre se ha beneficiado de la guerra. Para quienes provenimos del pensamiento crítico y revolucionario, la seguridad no puede seguir siendo sinónimo de mano dura, exterminio del adversario político y tolerancia cero. Eso no es seguridad; es la garantía de la permanencia de un statu quo que necesita enemigos para sobrevivir.
Desde hace tiempo, somos testigos de un preocupante y constante montaje mediático que construye una “imagen patológica” colectiva, convirtiendo la seguridad en un fetiche electoral de la derecha. Es sabido que, desde la antigua Roma con su hostis publicae, pasando por las teorías propagandísticas del nazismo y su Derecho Penal del Enemigo, los sectores ligados al poder económico (en nuestro país, también ligados a estructuras mafiosas) necesitan generar pánico social para ocultar sus propios desmanes y legitimar su permanencia en el poder.
La estrategia es recurrente y perversa. La derecha, a través de sus grandes medios de comunicación, construye un escenario de “inseguridad” que ellas mismas han propiciado, creando el caldo de cultivo perfecto en la desigualdad que generan. Luego, se ofrecen a sí mismos como la solución, imponiendo nociones neofascistas en el imaginario de los sectores populares. La táctica es clara: crear una “epidemia colectiva” de miedo para justificar el retorno de la “mano dura”. Esa misma mano dura que, tercerizada por el capitalismo de la vigilancia, nos trajo en el pasado la vergüenza de los falsos positivos, por ejemplo.
Hoy, esa misma receta se aplica contra la implementación del Acuerdo Final de Paz y sus resultados ya que permitió –y lo decimos con el pecho henchido– la llegada al poder político de un gobierno progresista por primera vez en nuestra historia republicana. Ahí están concentradas las graves consecuencias que enfrentamos a 10 años de la firma del AFP: el rearme de estructuras, los enfrentamientos constantes en los territorios rurales, el accionar del terror en ciudades como Cali, el asesinato de candidatos como Miguel Uribe Turbay mediante sicariato, y más de 460 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo. Muchos de ellos fueron ultimados mientras esperaban que el Estado llegara con la reforma rural o con las medidas de protección que nunca llegaron.
No nos engañemos. Cuando desde ciertos sectores se invoca la “guerra contra el crimen organizado” o se exige el retorno de los militares a las calles con facultades represivas, no se busca proteger al pueblo. Lo que se busca es recuperar el control político de los territorios para que las multinacionales y los terratenientes sigan explotando recursos sin la “incomodidad” que representa la organización popular.
La cárcel masiva y la política de “tolerancia cero” que ofrecen personajes como De la Espriella no son soluciones; son el combustible de la venganza social. Convierten a los jóvenes de los sectores populares en carne de cañón de esta guerra disfrazada de seguridad, y dan oxígeno, cada cuatro años, a campañas electorales plagadas de mentiras, corruptelas y clientelismo.
Frente a esto, la izquierda revolucionaria tiene la obligación de disputar el concepto de seguridad. Nuestra seguridad se construye edificando justicia social y ambiental, implementando los puntos del Acuerdo de Paz en los sectores populares, llevando la universidad al campo, formalizando la propiedad de la tierra y rompiendo los círculos de pobreza que alimentan las economías ilegales. La verdadera seguridad es incompatible con los discursos de odio.
La gran tarea que tenemos por delante es titánica, pero impostergable: ¿cómo desactivamos el pánico moral que criminaliza al firmante de paz y al líder social? Mientras la opinión pública siga abordando el problema social de la seguridad desde una lógica de venganza y enemistad, en lugar de “asegurar” la materialización de la democracia y el Estado Social de Derecho, el crimen organizado –tanto el de cuello blanco como el armado– seguirá festejando. La paz no es un regalo; es una confrontación directa contra quienes han hecho de Colombia un negocio a sangre y fuego.
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