No es la guerra contra el narcotráfico, sino el control imperialista por el narcotráfico. Esta distinción no es semántica: revela que la verdadera disputa no busca erradicar sustancias, sino administrar un negocio multimillonario que sostiene al capitalismo financiero global. Venimos en un proceso de guerras: por el opio, hasta convertir la salud en farmacia de la muerte con los opioides que enriquecieron a familias norteamericanas como los Sackler; la guerra contra el alcohol –la Ley Seca que consolidó mafias–, contra el tabaco, contra la marihuana, contra el fentanilo y contra la cocaína.
Todas son producciones de la madre naturaleza o derivadas de ellas, la mayor de las veces, con base en la espiritualidad: plantas de fuego. El capitalismo rentable, especulativo y asesino siempre está en la cacería de estos químicos, violando los principios de la espiritualidad para producir capital. Lo que hoy llamamos “narcotráfico” es la fase extractiva de un sistema que requiere sustancias psicoactivas para la acumulación, mientras criminaliza a quienes las cultivan ancestralmente.
Mientras tanto, el listado de condenados, asesinatos, desaparecidos y la destrucción de todas las formas de vida se presentan como “solución” al problema imperialista de acumulación en las comunidades ancestrales. Una muestra palpable de este etnocidio, con el pretexto de la guerra al narcotráfico, la tenemos en México y Colombia, hasta llegar a la calificación de “narco-Estados”. Según el justiciero del capitalismo –Estados Unidos–, los culpables son las guerrillas, los raspachines, los drogadictos y las comunidades ancestrales. Pero la realidad es otra: los actores son los narco-Estados, los bancos, los partidos políticos, la narcojusticia y los narcoejércitos, legales y no legalizados.
Los datos contrastables son reveladores. En México por ejemplo, Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas por el PRI (1999-2004), fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, extorsión y lavado de dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas, recibiendo sobornos millonarios a cambio de permitir el libre tránsito de drogas. Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo por el PRI (1993-1999), se declaró culpable en Nueva York de recibir sobornos del Cártel de Juárez para facilitar el tráfico de cocaína por Cancún. Pero el caso más emblemático es el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón (PAN), condenado en febrero de 2023 a 38 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, permitiendo el ingreso a Estados Unidos de más de un millón de kilogramos de cocaína.
En Colombia, la “parapolítica” destapó cómo más de 60 congresistas y políticos de partidos uribistas y conservadores fueron procesados por vínculos con paramilitares y narcotráfico. Álvaro García Romero, senador aliado del uribismo, fue condenado por su participación en masacres paramilitares en Sucre. Salvador Arana, exgobernador de Sucre (Partido de la U), recibió condena por homicidio y concierto para delinquir con paramilitares. Mario Castaño, senador del Partido Liberal pero aliado de la coalición de derecha, fue condenado en 2023 a 15 años de prisión por liderar una red de corrupción que desviaba recursos públicos. Y Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático –y que extrañamente siempre se relaciona de una u otra manera con los mencionados y otros tantos– aunque fue absuelto en su pelea jurídica con el coherente Iván Cepeda, ha dejado en evidencia la presunta penetración del narcoparamilitarismo en las más altas esferas del poder. Mejor dicho, una verdad que toda la sociedad conoce pero la “justicia” logra disimular con sus argucias jurídicas.
Por eso cuidado con las mafias y sus partidos políticos, porque cuando dicen que luchan contra el narcotráfico lo que en realidad nos están diciendo es que quieren seguir fortaleciendo el negocio. No se trata de una contradicción en el sistema, sino de su mecanismo más profundo de funcionamiento. Como señaló Engels en Del socialismo utópico al socialismo científico (1880), el capitalismo tiene la capacidad de absorber todo lo existente –incluso aquello que aparentemente lo combate y/o lo afecta– para volverlo funcional a su reproducción ampliada.
La “guerra” no es entonces una anomalía, sino el dispositivo ideológico que permite la administración del narcotráfico desde el Estado, mientras se señala a los eslabones más débiles de la cadena: los pueblos ancestrales que solo han convivido en armonía con estas plantas de fuego. Cuando un político de derecha habla de mano dura contra las drogas, está defendiendo en realidad la mano que sostiene el negocio. Y esa mano, como demuestran los condenados aquí mencionados, no está en la selva ni en la montaña: está en los palacios de gobierno, en los bancos que lavan los dólares y en los partidos que convierten el voto popular en complicidad con la muerte.
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