Cuando un espacio académico se convierte en escenario de estigmatización y deslegitimación moral contra mujeres que ejercen liderazgo, desde cualquiera de sus formas, lo que está en juego no es una diferencia política sino la posibilidad misma de que las mujeres participen en los espacios públicos en igualdad de condiciones que los hombres. Aunque Colombia cuenta con avances normativos importantes, los resultados muestran que la igualdad formal no se traduce automáticamente en igualdad real.
En una investigación pasada “Mujeres y participación política: el caso de los Concejos Municipales en Antioquia (2020-2023)”, analicé la representación femenina en 125 municipios del departamento, donde el 40% de las concejalas encuestadas afirmó haber sufrido algún tipo de violencia política en el ejercicio de su cargo. Esto incluye deslegitimación, acoso, invisibilización y ataques basados en su condición de mujeres. Es decir, no se trata de percepciones aisladas sino de un patrón estructural.
Peor aún, se demostró que la violencia política puede cohibir la acción, tanto de participar como de llevar a cabo una agenda de género en los espacios que logran ganar. Un 16% de concejalas manifestó tener conciencia de género y priorizar estos temas, pero no presentó proyectos al respecto, y además reportó niveles medios o altos de violencia política. Esto entre líneas lo que dice es que el costo que tienen las mujeres al incidir en escenarios públicos es el del hostigamiento sistemático, y por tanto, muchas de ellas prefieren la autocensura.
A poco más de una semana para las elecciones legislativas vemos un departamento como Antioquia, que pone en la Cámara de Representantes el mayor número de escaños después de Bogotá, con sólo 67 candidatas de 174, es decir, son solo 38% de las candidaturas. Esa cifra es aún más alarmante si se compara con la disminución del 28% de participación de mujeres con las elecciones pasadas.
Hechos como los que estamos viendo reafirman una de las grandes razones por las que cada vez menos mujeres se atreven a participar en política, además de un bajo interés de la gran mayoría de los partidos políticos, manejados por grandes gamonales hombres, en una participación política real y consciente de mujeres, el escenario para quienes logran romper esa barrera es cada vez más hostil. Y ese patrón no distingue ideologías, porque como vimos, puede dirigirse contra mujeres de izquierda, de derecha o de centro, en este caso, una senadora, una rectora y una periodista.
Las causas son múltiples y están documentadas, desde factores culturales que responden a estereotipos, factores socioeconómicos ligados a menor acceso a élites políticas y recursos, hasta factores institucionales, que entre otras, pone las reglas del juego diseñadas históricamente en clave masculina, donde la confrontación agresiva se normaliza.
Ahora, en un contexto como el colombiano, marcado por el conflicto armado, y que transita entre paces y violencias, el hostigar y convertir en enemiga moral a una mujer en un escenario de debate en la academia no es control político, ni tampoco es inocente. Es una estrategia de estigmatización que históricamente ha puesto en riesgo la vida de lideresas y firmantes de paz en Colombia. Por eso, no es extraño que aumentaran los mensajes de amenaza y desprestigio, porque la violencia simbólica abre la puerta a la violencia digital y seguir escalando a las demás violencias que bien conocemos en este país.
La democracia no se mide solo por el número de elecciones que celebra, sino por las condiciones reales de competencia y participación. Si las mujeres enfrentan barreras adicionales, hostilidad, amenazas, deslegitimación sistemática, entonces la cancha no está nivelada. No basta con cumplir cuotas, ni con inscribir mujeres en listas; se requiere transformar la cultura política y garantizar condiciones libres de violencia.
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