En estos días aciagos de campaña mediática en contra de los Firmantes de Paz de La Habana, mientras algunos celebran esos ataques, los capitalizan electoralmente y otros prefieren mirar hacia otro lado, quienes hemos entregado las armas para abrazar la palabra estamos próximos a cumplir una década de un paso que, para muchos, sigue siendo incomprensible: diez años desde que quedó sellada la firma del Acuerdo de Paz en La Habana. Pero nuestra historia de amor por la paz no comenzó ahí. Viene de mucho más lejos.
Hace 62 años, en 1964, el Estado colombiano decidió que la solución para Marquetalia no era la reforma agraria ni la atención a las demandas campesinas, sino las bombas. Así arrancó esta guerra que nos ha costado tanto. No fue una decisión caprichosa de un grupo de aventureros; fue la respuesta desesperada de un pueblo al que se le negaba el derecho a arar la tierra, a organizarse, a vivir con dignidad. Desde entonces, y aunque la historia oficial nos haya pintado como los agresores, siempre llevamos en el pecho la disposición al diálogo. Lo intentamos en La Uribe (hace 42 años), en Tlaxcala (35 años), en El Caguán (28 años), y en Oslo y La Habana (14 años desde que se instaló la mesa). Cada intento fue una apuesta por demostrar que, a pesar del fragor de la batalla, nuestra vocación era la política, no la guerra.
Por eso, cuando finalmente en 2016 dejamos los fusiles para siempre, no lo hicimos como un acto de rendición, sino como la máxima consecuencia de nuestra coherencia. Definimos de manera inclaudicable que nuestra única arma sería la palabra. Lo hicimos convencidos de que la paz no podía ser solo el silencio de los fusiles. El Acuerdo lo firmamos con una visión profunda: sabíamos que la violencia no es un mal que germina en el vacío, sino que es el fruto podrido de la desigualdad. Propusimos entonces una ruta para que ningún joven campesino, ninguna lideresa social, ningún hijo del pueblo tuviera que ver en la insurgencia la única salida al despeñadero de la exclusión. Quisimos que el Estado dejara de vernos como enemigos y se convirtiera, de una vez por todas, en un garante de derechos para todos, más allá de los mezquinos intereses de las élites que lo han copado históricamente.
Pero sabíamos que no sería fácil. Reconstruir los tejidos sociales rotos por décadas de conflicto, enfrentar el odio de quienes se beneficiaron de la guerra, y lidiar con un establecimiento que nunca ha querido mirarse al espejo de su propia responsabilidad, era una tarea titánica. La otra parte contratante, el Estado en manos de la oligarquía, demostró rápidamente su talante. Desplegaron su maquinaria de desinformación, movieron cielo y tierra para que el pueblo votara No en el Plebiscito, y una vez más intentaron desviar toda la carga del conflicto hacia nosotros. Querían el silencio, querían que nos fuéramos, querían seguir evadiendo su responsabilidad en la podredumbre que engendró la guerra. Aún así, nos mantuvimos firmes.
Hoy, al mirar atrás en estos 10 años de implementación, vemos una realidad agridulce. Duele ver a más de 450 compañeros y compañeras asesinados por alzarnos la voz, no ya los fusiles. Duele la estigmatización constante, el señalamiento vengativo de quienes no nos perdonan habernos rebelado contra la injusticia. Duele que muchos de los puntos del Acuerdo, especialmente los que tocaban la estructura del poder y la tierra, estén hoy congelados o tergiversados.
Pero también nos llena de orgullo saber que seguimos aquí. Con la frente en alto. Hemos reconocido nuestros errores en el fragor de la guerra, porque el que lucha se equivoca, pero jamás hemos claudicado en nuestra lucha por la justicia social. Hoy, en las calles, en el Congreso, en las universidades y en los territorios, seguimos demostrando que la palabra es más poderosa que cualquier fusil. Le cumplimos al Pueblo, que en 2011 nos dijo que el diálogo era la ruta. Y aunque la otra parte haya incumplido, nosotros nos debemos al mandato de cerrar las heridas y reparar a las víctimas.
Estos 10 años han sido una demostración de voluntad de acero. La paz no es un punto de llegada, es un camino de espinas que recorremos día a día. Y mientras haya un niño con hambre, una lideresa amenazada o un campesino sin tierra, nuestra voz, la voz de los rebeldes dignos, seguirá alzándose. Porque si algo nos enseñaron estos 62 años de historia, desde Marquetalia hasta hoy, es que la dignidad del pueblo no se rinde, y que la paz, la paz completa y con justicia social, es una causa por la que vale la pena vivir y, si es necesario, morir.
About the Author
Buena reflexión, es importante seguir trabajando en destacar el acuerdo final que se dió hace diez años entre el gobierno nacional y las FARC-EP, enfatizar como desde los firmantes de paz han contribuido en el tema de verdad, de aceptación de los daños ocasionados y en aceptar las reglas democraticas de este país; sin embargo, no ha sido igual el compromiso por parte del Estado colombiano, aún quedan muchas cosas pendientes por cumplirle tanto a firmantes como a las victimas. Lo más importante es destacar los aspectos positivos del acuerdo de paz, entre ellos, un informe de la Comisión de la Verdad -CEV- que aunque omitió destacar las responsabilidades de los “terceros” civiles, si presenta un panorama que permite evidenciar la exclusión politica en el país, y como el paramilitarismo fue una estategia del estado colombiano. También los avances con la JEP y como la sociedad colombiana, en especial la juventud asumió unas banderas de lucha desde diversos escenarios como fue en el levantamiento o estallido social.