Bajo toneladas de escombros y tierra, en la Comuna 13 de Medellín, yace una verdad que la ciudad ha intentado sepultar durante más de veinte años. No es solo una montaña de desechos de construcción: es, posiblemente, la fosa común urbana más grande del mundo. Y su silenciosa impunidad nos grita desde el abandono.
Para entender lo que significa La Escombrera hay que regresar a octubre de 2002, cuando el fragor de la Operación Orión sacudió las laderas de Medellín. El Estado entró a la Comuna 13 con tanques y helicópteros artillados, supuestamente para “recuperar el control” territorial. Pero cuando se apagó la pólvora, no llegó la paz: llegó el control paramilitar, llegaron las listas, las amenazas y, sobre todo, llegaron las desapariciones sistemáticas.
Lo que vino después fue un macabro plan de ocultamiento. Durante años, camiones cargados con escombros de obras privadas y públicas ascendieron por las empinadas calles de la comuna para verter toneladas de material sobre los cuerpos de cientos de víctimas. Piso por piso, capa por capa, la ciudad fue sepultando no solo cadáveres, sino también su propia responsabilidad.
Hoy se estima que allí pueden encontrarse los restos de cientos de personas desaparecidas entre finales de los noventa y mediados de la década del 2000. A pesar de los testimonios de exparamilitares desmovilizados que participaron en aquellos hechos, las excavaciones han sido insuficientes, intermitentes y marcadas por una lentitud que huele a falta de voluntad política. Cavar en La Escombrera es, para muchos sectores del poder, abrir una caja de Pandora que preferirían mantener sellada.
Si este lugar no ha caído en el olvido absoluto es gracias a la tenacidad de quienes se niegan a rendirse. Las “Mujeres Caminantes por la Verdad” —madres, esposas, hijas— han pasado más de dos décadas exigiendo lo que debería ser un derecho elemental: encontrar a sus seres queridos. Su resistencia no es solo un gesto simbólico; es una luz encendida en medio de tanta oscuridad institucional.
Desde 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz ha intervenido en el sitio con la esperanza de dar respuestas. Los avances, sin embargo, han sido mínimos frente a la magnitud de la tragedia. Se calcula que entre 1978 y 2016 pudieron ocurrir 459 desapariciones forzadas en esta zona. Una cifra que, más allá de los números, representa familias rotas, historias truncadas y una herida que no termina de cicatrizar.
Hay algo que no podemos ignorar: La Escombrera no ocurrió en El Poblado ni en las zonas privilegiadas de Medellín. Ocurrió en la periferia, en ese territorio donde la ausencia del Estado se suple con violencia y donde la desigualdad se convierte en destino. La guerra en Colombia siempre se ha ensañado con quienes menos tienen, convirtiendo sus barrios en escenarios de horror mientras la ciudad sigue su curso como si nada hubiera pasado.
Ignorar La Escombrera es aceptar, tácitamente, que en Colombia hay vidas que valen menos que otras. Es consentir que haya muertos de primera y de segunda categoría. La verdadera paz no es solo el silencio de los fusiles; es también la dignidad de poder enterrar a los desaparecidos, de ponerles nombre a los restos, de cerrar duelos que llevan décadas abiertos.
La memoria no se ejercita para revivir el odio, sino para garantizar que estos horrores no se repitan. Porque mientras La Escombrera siga ahí, intacta en su impunidad, seguirá siendo la prueba de que como sociedad aún no hemos aprendido nada.
Una ciudad que no es capaz de desenterrar a sus muertos es una ciudad sin memoria. Y por más tierra que le echen encima, por más escombros que acumulen las administraciones de turno, esa montaña nunca podrá tapar nuestra conciencia.
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