Siguen pasando los años y continúa vendiéndose la “pacificación” de Urabá como un éxito estratégico de la administración Colombiana, pero detrás de los diferentes números de control militar se esconde una de las deudas sociales y políticas más grandes de la Nación. No fueron acciones de paz; fue el reemplazo de una violencia por otra, el silencio ensordecedor y la mirada cómplice de un Estado ausente.
En Urabá, el Estado no llegó con procesos restaurativos, no propuso nuevas dinámicas sociales ni intentó llenar vacíos básicos de los territorios. Llegó solo con la fuerza coercitiva del estado, con fusiles, actos de violencia, y diferentes controles paramilitares, La “pacificación” fue, en realidad, una repartición de la soberanía a las CDG.
Mientras la guerra permanecía, el sistema legal se volvió un arma. Se facilitó el despojo de tierras a través de acciones jurídicas legítimas, entidades y movimientos administrativos favorecieron a grandes capitales. El Estado no tuvo ninguna intención de proteger al campesinado; solo intervino para validar su desplazamiento, y agudizar los efectos de una guerra absurda contra el pueblo.
Urabá fue domesticada, y un estado ausente se convirtió en un estado camuflado que solo actuó activamente para validar y garantizar ayudas a grupos ilegales, este municipio produce millones en banano y plátano, pero sus trabajadores han sido marginados social y laboralmente de manera histórica; La “pacificación” aseguró las rutas de exportación y las garantías privadas de unos pocos, pero dejó indemne la miseria de quienes sostienen la industria con su sudor.
¿Por qué no hay inversiones sociales?, ¿Por qué esta victoria militar no ha sido acompañada de cambios estructurales que garanticen que no se repita? Porque la desigualdad es funcional al modelo. Un pueblo empobrecido y aterrorizado es un pueblo que no reclama derechos. La ausencia de Estado no fue un error de cálculo, fue la voluntad política de sus mandatarios.
La “pacificación” implicó borrar del mapa cualquier alternativa comunitaria de fortalecimiento del tejido social, de liderazgos sociales, sindicales, políticos y alternativos. El exterminio de líderes sindicales y de la UP en la región ocurrió mientras las instituciones miraban hacia otro lado.
Hoy, Urabá sigue siendo un botín para nuevas estructuras criminales como el CDG, el Estado se niega a combatir la causa raíz: la desigualdad estructural. Sin una intervención integral, la historia ha podido cambiar la manera como los reconocemos, como los llamamos, pero el dolor sigue siendo el mismo.
La paz en Urabá no se mide por cuántos batallones hay, o cuántas operaciones militares se puedan desarrollar, sino por cuántos campesinos recuperan su tierra y cuántos niños son arrebatados de la guerra. Ignorar la marginalidad es condenar a la región a otros 50 años de horror. La deuda es histórica y se sigue alimentando.
Una mal llamada “paz” que legitima la exclusión es solo una tregua para el siguiente conflicto. Es hora de que el Estado pase de ser un actor y promotor de la guerra, a ser un actor de paz, que pueda mirar sus propias manos manchadas y enfrentar la verdad histórica de sus acciones y omisiones.
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