Históricamente, Cuba ha sido el baluarte de la izquierda latinoamericana y uno de los símbolos revolucionarios más importantes del mundo. La gran hazaña del pueblo cubano fue concebida como un acto heroico al desafiar política y militarmente al imperio norteamericano y alinearse estratégicamente con la URSS en su momento, creando una amplia zona de influencia del pensamiento comunista en el hemisferio occidental. Internamente, desde la puesta en marcha del proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro en 1959, la isla ha atravesado un proceso truncado de construcción del socialismo que se mantiene vigente hasta la actualidad, pese a los enormes obstáculos geopolíticos que limitan o desdibujan sus logros. Hacia afuera, Cuba ha sido fuente de inspiración para innumerables movimientos políticos, armados y no armados, en toda Latinoamérica y el mundo, ofreciendo un ejemplo de cómo hacer la revolución campo-ciudad mediante la guerra de guerrillas.
Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado este proceso ha sido su relación con Estados Unidos, con quien la isla ha mantenido conflictos desde el inicio de la revolución. La política estadounidense hacia Cuba ha sido históricamente hostil; no obstante, pueden identificarse momentos de mayor crisis —como la crisis de los misiles en 1962 o los gobiernos de Bush y Trump— y otros de relativo restablecimiento diplomático, principalmente durante la administración de Obama. Aun así, la guerra económica se mantiene como el principal mecanismo de presión y asfixia sobre la economía cubana.
Esta estrategia, ampliamente utilizada por Estados Unidos y sus aliados contra países no alineados a su política, busca esencialmente deteriorar las condiciones de vida de los pueblos, dificultando el acceso a alimentos, medicinas, agua potable y servicios básicos. Con ello se genera descontento social y se fractura la credibilidad de los gobiernos y dirigentes revolucionarios. Muchas de estas sanciones fueron endurecidas durante el primer gobierno de Trump, mantenidas durante la administración de Joe Biden y reforzadas a su máximo nivel en el segundo mandato de Trump, hasta el punto de afectar gravemente el sistema energético de la isla.
A pesar de esta presión constante, Estados Unidos se ha abstenido históricamente de ejecutar una gran operación militar para derrocar al gobierno revolucionario de Cuba o llevar a cabo una invasión total de la isla (salvo episodios como Bahía de Cochinos o la invasión a Granada). En un primer momento, esta contención se explicó por la estrecha relación con la Unión Soviética y, posteriormente, por el respaldo diplomático de Rusia y China, que han actuado como contrapeso en instancias de alto nivel como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto implicaría que una eventual invasión fuese reconocida como un crimen de agresión, activando mecanismos de sanción y aislamiento internacional contra el agresor.
La realidad geopolítica, sin embargo, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Se está produciendo una ruptura del orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial (1945), lo que sugiere que las instituciones y normas internacionales ya no resultan efectivas para contener la anarquía del escenario actual. En este contexto, el actor más poderoso impone sus intereses por medios militares, sin atender a disposiciones legales o normativas. Al mismo tiempo, se construyen narrativas ampliamente difundidas en discursos oficiales y medios de comunicación que destacan supuestos intereses «pacíficos» o «humanitarios» detrás de estas acciones: otra dosis de libertad y democracia.
En este escenario, Estados Unidos plantea que, bajo las directrices de su Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, intervendrá directamente en cualquier territorio que represente una amenaza para su seguridad nacional, incluyendo aquellos ubicados en el «hemisferio occidental». Aunque este documento ha pasado relativamente desapercibido para muchos analistas, sus lineamientos se han venido aplicando de forma metódica. Las intervenciones militares en Venezuela e Irán son presentadas como ejemplos, al igual que el hostigamiento constante hacia países como México, Ecuador y Colombia bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico.
Como es habitual en el discurso del gobierno estadounidense, amplificado por sus agencias y medios, Cuba podría ser presentada como financiadora o colaboradora del terrorismo regional, argumento que serviría para justificar una eventual intervención militar orientada al control de la isla. A diferencia de Venezuela, sin embargo, Cuba no posee grandes reservas de petróleo ni recursos estratégicos evidentes que la conviertan en un «trofeo de guerra». Por ello, resulta pertinente preguntarse: ¿para qué agredir a Cuba? La respuesta parece encontrarse en dimensiones políticas, simbólicas y, sin duda, económicas.
Desde el plano político y simbólico, la caída del gobierno revolucionario cubano enviaría un mensaje contundente a los gobiernos afines: marcaría el fin de una etapa y el inicio de un nuevo momento en el desarrollo del imperialismo estadounidense. Aunque su decadencia pueda ser objeto de debate, sus efectos en la región serían profundos. Esta lógica se enmarca en una reformulación de la doctrina de seguridad nacional, denominada por Trump como el «Corolario Trump», en relación con la histórica doctrina Monroe. En este contexto, las limitadas capacidades militares de Cuba frente al poder aéreo estadounidense y la efectividad de operaciones sorpresa configuran un escenario de alta vulnerabilidad para la isla. La eventual adopción de tácticas de guerra de guerrillas implicaría, además, graves consecuencias humanitarias.
En el ámbito económico, la situación de la Franja de Gaza podría ofrecer pistas sobre un posible escenario futuro para Cuba. Según publicaciones de Donald Trump en su red social Truth Social, se presenta una recreación animada, generada con inteligencia artificial, de un proyecto denominado «The New Gaza», que propone la reconstrucción total del territorio, sin población palestina, transformándolo en un enclave turístico de lujo similar a Dubái o Catar. Este tipo de iniciativas podría servir como referencia para imaginar el destino de la isla bajo una lógica de intervención. Cuba, como paraíso tropical en el Caribe y por su cercanía a Miami —centro de articulación de sectores de la derecha latinoamericana—, representa un espacio estratégico para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios.
En ese sentido, La Habana podría transformarse en un polo de hoteles de lujo, centros comerciales, casinos y marcas globales, acompañado de un eventual retorno masivo de migrantes cubanos radicados en Estados Unidos, muchos de ellos afines al Partido Republicano y al movimiento MAGA. Ante este panorama, surge una pregunta clave: ¿quién podría defender a Cuba? En el pasado, la respuesta parecía clara; hoy resulta más incierta. Rusia y China enfrentan limitaciones en medio de la expansión de múltiples frentes de conflicto a nivel global, lo que ha evidenciado la debilidad de las instituciones encargadas de garantizar la paz. El derecho internacional parece erosionado y los mecanismos diplomáticos muestran signos de agotamiento. En este contexto, se proyecta la posibilidad de un escenario de alta tensión para la isla en el corto plazo, con implicaciones profundas para la región y para la historia de las luchas políticas en América Latina.
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