Pareciera una verdad de perogrullo, pero hoy 26 de marzo es necesario volver a ponerla sobre la mesa con la fuerza de quien no la dice como consigna gastada, sino como brújula vigente. Manuel Marulanda Vélez, fundador y gran líder ideológico de lo que alguna vez fuera la fuerza guerrillera más antigua del mundo y la más fuerte militar y políticamente en Colombia –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP)–, lo sentenció con la claridad de quien había visto demasiado dolor: la paz no es solo el silencio de los fusiles. Detrás de esa frase hay una concepción integral de la vida, una apuesta por transformar las estructuras que engendran la violencia. Por eso, en este nuevo aniversario de su muerte, no quiero rendir un culto vacío a su memoria, sino reivindicar la vigencia de su pensamiento en medio de un país que sigue esperando que la paz sea, por fin, justicia social.
“La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscando que en este país se acaben las desigualdades que son tan poderosas. Hemos querido que esa paz por la cual hemos luchado termine de hecho con la violencia. La paz por la cual hemos venido nosotros luchando, hemos querido también que se exprese en todos los colombianos y a todos los niveles, con una reforma agraria, con vivienda, con salud, con un bienestar general para todos. Esta paz que nosotros hemos venido luchando no se trata solamente de que se terminen los tiros, sino de que se solucionen todos los problemas que están azotando al pueblo colombiano. Porque si los tiros se terminan y los problemas sociales continúan, pues no consideramos que la paz fue tan adecuada en ese momento, porque si la mayoría del pueblo colombiano continúa con hambre, sin empleo, con explotación, sin tierras y cosas de estas, pues esa paz no…[sic.]”
Es precisamente ahí donde siempre nos hemos jugado el pellejo: en la comprensión de que el conflicto armado colombiano no fue un brote de locura irracional, sino el producto histórico de unas contradicciones de clase que han concentrado la riqueza, la tierra y el poder en unas pocas manos, mientras al pueblo solo le ha quedado la exclusión, el fusil o la tumba. La fórmula, entonces, no puede ser más diáfana: si la guerra nació de la desigualdad, solo desmontando la desigualdad se desmonta la guerra. No hemos descubierto el agua tibia; hemos dicho, con el humanismo propio de quienes viven en carne propia el drama de un país deshumanizado por el capital, que sin reforma agraria, sin vivienda digna, sin salud ni trabajo, cualquier silencio armado será apenas una tregua transitoria.
Más allá de esa verdad elemental –que los poderosos se empeñan en disfrazar de ingenuidad– hay otra, aún más incómoda para el establecimiento: la persistencia de la miseria y la desigualdad no es un accidente ni una falla de administración; es la condición necesaria para que un reducido sector burgués mantenga sus privilegios. La oligarquía colombiana, históricamente enquistada en el Estado, en la propiedad privada y el latifundio, ha entendido que cualquier intento de redistribución real amenaza su dominación de clase. Por eso ha respondido con todas las formas de violencia –paramilitarismo, persecución judicial, asfixia económica del campesinado, incumplimiento sistemático de los acuerdos– cada vez que el pueblo ha intentado abrirse paso hacia una vida digna.
“…Nosotros no podemos continuar viendo morir los niños, los ancianos en medio del hambre y la miseria, mientras que otros que son los dueños de todo el gran capital están muy tranquilos. Yo creo que eso hay que solucionarlo…”
Allí está la médula del problema. Esa frase de Manuel, dicha en medio de las dificultades de una negociación, sigue describiendo con exactitud la realidad colombiana de hoy. Porque si algo ha demostrado la implementación del Acuerdo Final de Paz de La Habana es que los mismos sectores que se opusieron a que hubiera siquiera un proceso de diálogo hoy siguen poniendo todas las trabas posibles para que lo firmado no se convierta en realidad. La Reforma Rural Integral, que constituía el corazón transformador del Acuerdo, ha sido diluida, recortada, postergada hasta que el actual Gobierno la ha venido rescatando de a poco. La sustitución de cultivos de uso ilícito, que debía significar una oportunidad para los territorios más golpeados por la guerra, ha quedado a merced de la burocracia y la falta de voluntad política, hasta que el Gobierno Popular la reactivó aunque sin participación real de los firmantes de paz. Y la reparación integral de las víctimas, lejos de consolidarse como un principio de justicia restaurativa, se enfrenta a unos terceros involucrados que se autoexcluyeron privilegiando la impunidad.
No soy de los que consideran que el Acuerdo de 2016 haya sido un fracaso o un diseño inviable. Al contrario, lo reivindico como lo que es: una conquista popular arrancada a la fuerza por la resistencia de un movimiento guerrillero que supo que el momento histórico exigía pasar de la confrontación militar a la confrontación política, pero sin renunciar a los principios. Las extintas FARC-EP no entregaron simplemente un texto; entregaron una hoja de ruta, una síntesis de su legado revolucionario, para que el pueblo, en nuevas condiciones, sin el fragor de la guerra como excusa, retomara por sus propias manos la lucha por su liberación. Quienes creen que el Acuerdo era un punto de llegada no entendieron nada; fue, ante todo, un punto de partida.
Tampoco voy a especular sobre si Manuel Marulanda habría suscrito cada punto de este Acuerdo o si hubiera preferido otro camino. No tengo el don de la adivinación ni la soberbia de quien se arroga la voz de los muertos. Pero sí sé, con certeza militante, que su lucha siempre fue por la paz entendida como justicia social, y que para él los fusiles nunca fueron un fetiche, sino una respuesta forzada ante la cerrazón de una clase dominante que durante décadas cerró todas las salidas legales a la rebeldía popular. Si hoy estamos debatiendo en escenarios institucionales, en movilizaciones callejeras, en consejos comunitarios, la necesidad de cumplir el Acuerdo, es porque su generación supo abrir la puerta con su sangre y su coherencia.
Hoy, 26 de marzo, recordamos el fallecimiento de Pedro Antonio Marín, ese campesino de un país profundo que se convirtió en el heroico Manuel Marulanda Vélez. Recordamos también el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada, un derecho que ninguna legislación de los poderosos podrá nunca borrar de la historia de la humanidad. Pero en este día, con la misma convicción, debemos recordar que siguen existiendo…
“…pequeños grupos en cabeza de las fuerzas reaccionarias, que todos los días le están poniendo trabas [a la política de paz]…”
No se trata de nostalgia. Se trata de comprender que los mismos enemigos de ayer son los que hoy boicotean la paz, los que asesinan líderes sociales y exguerrilleros, los que pretenden enterrar el Acuerdo bajo la alfombra del olvido. Por eso la tarea sigue siendo la misma: construir poder popular para obligar a cumplir. La Reforma Rural Integral no será una realidad solo por la buena voluntad de los gobernantes, sino porque el campesinado, las comunidades étnicas, los jóvenes del campo y la ciudad, los trabajadores organizados salgan a exigirla con organización, movilización y unidad. La sustitución de cultivos no avanzará por decretos vacíos, sino porque los territorios se organicen para defender su derecho a una vida digna sin depender de la guerra. Y la reparación integral de las víctimas solo será posible cuando la memoria y la lucha de las víctimas mismas se impongan sobre el cinismo de quienes prefieren que la guerra continúe en silencio, bajo otras formas.
Es ahí, precisamente, donde se juega la continuidad del legado de Manuel: no en los anaqueles del pasado, sino en la capacidad del pueblo de asumir su propia emancipación. Porque ninguna paz será definitiva si la entregan desde arriba; solo será verdadera cuando brote desde abajo, organizada, consciente, revolucionaria.
Así que hoy, camarada Manuel Marulanda, no le digo “presente” como un eco vacío. Le digo que estamos cumpliendo a pesar de las dificultades. Cumplimos si organizamos los comités de seguimiento al Acuerdo en los territorios olvidados. Cumplimos si levantamos la voz contra el asesinato de firmantes y defensores de derechos humanos. Cumplimos, sí le recordamos al país que tu pensamiento sigue siendo más vigente que nunca: porque la paz, para que sea paz, tiene que ser con justicia social, con reforma agraria, con soberanía popular. Y esa paz, como bien lo sabías, no la darán los que siempre han tenido la riqueza; la construiremos los que siempre hemos tenido la fuerza de la esperanza organizada.
¡Camarada Manuel Marulanda: estamos cumpliendo!
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