Hay debates que no pueden darse como si hubieran nacido ayer. La discusión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz no es un simple desacuerdo jurídico ni una controversia técnica entre especialistas. Es una discusión profundamente política sobre la forma en que Colombia decidió cerrar, o intentar cerrar, un conflicto armado de décadas. Por eso, para entender lo que hoy ocurre con la JEP, hay que ir un poco hacia atrás y recordar por qué surgió, cuál era su propósito original y en qué momento empezó a desviarse de ese camino.
A mí me correspondió ser vocero de paz en los diálogos del Caguán entre los años 2000 y 2002. Cuando ese proceso estaba ya próximo a culminar, en enero de 2002, tres delegados del gobierno nacional pidieron una reunión urgente con la insurgencia y solicitaron, incluso, la presencia del comandante Manuel Marulanda Vélez. Asistimos, por parte de las FARC, Marulanda, Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Simón Trinidad, Andrés París y mi persona. Lo que se nos transmitió en ese momento fue, en esencia, un ultimátum: a raíz de los atentados del 11 de septiembre, el mundo había cambiado; la posibilidad de una solución política se cerraba; y, si no aceptábamos someternos a unas condiciones, de ahí en adelante ya no seríamos vistos como una insurgencia en un conflicto interno, sino exclusivamente como terroristas. Se nos dijo además que el Estado colombiano había tomado la decisión de adherir al Estatuto de Roma y que, en consecuencia, ya no tendríamos que vernos solo con la justicia colombiana, sino con la Corte Penal Internacional.
La respuesta de Manuel Marulanda en esa reunión fue sencilla, pero cargada de sentido histórico. Les dijo que el Estado y el gobierno podían tomar las decisiones que quisieran, pero que mientras el conflicto siguiera siendo entre colombianos, algún día los colombianos tendríamos que sentarnos a resolverlo entre nosotros. Les advirtió, además, que, si insistían en trasladar el conflicto a escenarios internacionales como la Corte Penal Internacional, lo único que lograrían sería complicarlo aún más. También les dijo algo que la historia terminó confirmando: ese conflicto no tenía solución militar. Ya entonces llevábamos décadas en guerra y no había ninguna razón para pensar que la derrota total de una de las partes fuera posible.
Lo que vino después es conocido. Se cerró ese ciclo de diálogos, el Estado colombiano avanzó en su adhesión al Estatuto de Roma y, al hacerlo, dejó consignada la salvedad prevista en el artículo 124, mediante la cual excluyó durante siete años la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de los crímenes de guerra. Esa decisión no fue neutra: significó que, al tiempo que se apostaba por una ofensiva militar de gran escala contra la insurgencia, se procuraba aplazar la entrada plena de los controles penales internacionales sobre la conducción de la guerra, como si durante ese periodo pudiera desarrollarse una estrategia de guerra total antes de quedar sometida por completo al nuevo marco jurídico. Pero el conflicto no terminó como se pretendía. No hubo derrota militar definitiva. Y por eso, años después, fue necesario volver a sentarse a buscar una salida política. Fue entonces, particularmente en la discusión del punto de víctimas, cuando apareció con toda su fuerza el escollo que ya se había incubado desde antes: el Estado colombiano había comprometido su margen de soberanía jurídica frente al derecho penal internacional y ahora había que construir una fórmula que, sin desconocer esa realidad, hiciera posible la paz. La JEP nació de ese esfuerzo, precisamente como una respuesta excepcional para cerrar el conflicto sin entregarlo por completo a una lógica de persecución penal internacional ajena al propósito político de la negociación.
Lo que se construyó en La Habana no tiene realmente parangón en la historia de los procesos de paz. No hay muchos ejemplos de un conflicto armado terminado por la vía del diálogo en el que las partes reconozcan de manera explícita que en la guerra se cometieron crímenes de guerra y graves violaciones contra la humanidad. Esa fue la magnitud de la decisión que se tomó. Se partió de reconocer una verdad elemental pero incómoda: la guerra es la negación de la humanidad. Lo saben quienes han estado en ella desde uno y otro lado. Y precisamente por eso se ideó una jurisdicción que no respondiera a la lógica del enemigo derrotado ni al deseo de humillar al adversario, sino al propósito de cerrar el conflicto, satisfacer los derechos de las víctimas y demostrar que sí era posible pasar la página por la vía del diálogo. Ese era, y ese sigue siendo, el sentido profundo de la JEP.
Sin embargo, una vez el acuerdo llegó al país para su refrendación e implementación, comenzó a operar una lógica distinta. En La Habana se discutió con claridad que la responsabilidad de mando no podía agotarse en los cuadros militares o en los mandos insurgentes. Si se hablaba seriamente de cadenas de responsabilidad, para el caso del Estado esa línea debía conducir también a los máximos niveles de decisión. Después de todo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es el presidente de la República. Y durante décadas, además, desde otras instituciones del poder público se tomaron decisiones políticas y legislativas que no fueron neutrales frente a la guerra. Esa era una discusión de fondo. Pero cuando el acuerdo pasó por el Congreso, muchos de esos sectores terminaron excluyéndose. Se excluyeron altos funcionarios del Estado. Se restringió la discusión sobre las máximas responsabilidades por cadena de mando. Y más adelante, cuando el acuerdo fue sometido al escrutinio institucional, los terceros quedaron en una situación de comparecencia voluntaria. El resultado fue que la jurisdicción empezó a estrecharse y a perder integralidad.
Desde entonces se fue produciendo una perversión del diseño original. La JEP, concebida como una jurisdicción para la paz, empezó a ser arrastrada a un escenario de disputa ideológica y política en el que sectores que nunca creyeron en el acuerdo se dedicaron a obstaculizarla, recortarla o convertirla en otra cosa. Lo vivimos en el Congreso, especialmente desde 2018, cuando hubo que librar grandes batallas para impedir que la jurisdicción fuera desfigurada por completo. En medio de esa confrontación, recuerdo incluso la primera vez que pude hablar personalmente con Álvaro Uribe sobre estos asuntos, cuando ya era senador de la República y se debatían las objeciones del gobierno de Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. Uribe me pidió que no me atravesara y que dejara avanzar esos cambios, pero la respuesta fue clara: no se podía pedir a los firmantes del acuerdo que pusieran en riesgo su seguridad jurídica, porque ellos no habían firmado la paz para terminar en la cárcel ni para sustituir una negociación política por un sometimiento judicial. Si ese hubiera sido el sentido del acuerdo, no habría existido paz, no habría existido acuerdo y la guerra habría continuado. Esa es la razón por la cual hoy siguen despertando tanta alarma las propuestas de modificar la JEP sin garantías reales de que esos cambios no terminen profundizando todavía más la inseguridad jurídica de quienes comparecen ante ella.
Por eso he sido claro: a nosotros, como firmantes del acuerdo, hablar de modificar la JEP nos produce una enorme preocupación. No porque pensemos que todo esté bien, sino porque conocemos demasiado bien la forma en que opera este Estado cuando se trata de cumplir lo pactado. Ya ha ocurrido antes que un texto acordado se altera en su desarrollo normativo o en su interpretación jurisprudencial. Ya ha ocurrido que se cambia el sentido de lo firmado. Y nadie puede pedirnos, después de todo lo que ha pasado, que pongamos en riesgo la poca seguridad jurídica que todavía subsiste. Nosotros no firmamos el acuerdo para ir a la cárcel ni para prolongar indefinidamente la guerra en sede judicial. Tampoco firmamos para buscar venganza contra nadie. Firmamos para contribuir a cerrar el conflicto y para que todas las partes, sin humillaciones ni odios, encontraran una salida.
En nuestro caso, quienes hicimos parte del último secretariado de las FARC y seguimos comprometidos con el acuerdo hemos tomado una decisión clara: asumir la responsabilidad por todo lo ocurrido en el conflicto, incluso por hechos atroces y por crímenes muy graves que se cometieron durante el curso de la guerra y antes de que fuéramos parte de esa dirección. Esa responsabilidad la entendemos en términos políticos, históricos y éticos, como un compromiso con la paz. Pero precisamente por eso sostenemos que no tiene sentido seguir desfigurando la lógica de la justicia transicional con un descenso inacabable por la cadena de mando y con una dinámica de caso a caso que desconoce la naturaleza misma de un conflicto de más de medio siglo. Pretender reconstruir judicialmente, una a una, todas las responsabilidades individuales en un conflicto de 53 años, cuando muchos de quienes conocieron fragmentos decisivos de la verdad ya murieron, es una fórmula que no conduce al cierre, sino al empantanamiento.
Y ese empantanamiento tiene consecuencias concretas. Si a la inseguridad física, que ya deja más de 480 firmantes del Acuerdo asesinados, se le suma la inseguridad jurídica, el mensaje que reciben muchos comparecientes es demoledor. Nos lo han dicho sin rodeos mandos medios e incluso antiguos integrantes de base: si no va a haber seguridad jurídica, si la comparecencia se vuelve una cadena interminable, entonces la paz deja de ofrecer una salida cierta. No todo el mundo tiene la misma comprensión ni la misma decisión política de asumir estas cargas en nombre del cierre del conflicto. Por eso insistimos en que la jurisdicción debe volver a su sentido inicial, no para borrar responsabilidades ni para desconocer a las víctimas, sino para hacer posible la paz como fue concebida en el Acuerdo.
En las conversaciones que se han tenido con comparecientes de la fuerza pública también se advierte una situación semejante. Persisten desconfianzas, recelos y la sensación de que la jurisdicción terminó inclinándose hacia una lógica que no ofrece certezas suficientes a nadie. Unos creen que la llenaron de gente para perseguirlos; otros dicen lo mismo desde el lado contrario. Esa desconfianza demuestra que el problema no es solo jurídico. Es, sobre todo, político. Y si se entiende eso, tal vez sea posible reencauzar el sentido de la JEP y reconstruir un mínimo consenso sobre su razón de ser.
Porque, en el fondo, el país sigue sin asumir algo esencial: este conflicto no puede cerrarse de verdad si se sigue presentando como responsabilidad exclusiva de unos pocos. En distintos niveles, con responsabilidades distintas, aquí tuvieron que ver los gobiernos, el Congreso, los partidos, los gremios, las iglesias, las instituciones estatales, la insurgencia y los actores armados legales e ilegales que intervinieron de múltiples maneras en la guerra. Algún día Colombia tendrá que encontrar la grandeza política para decirlo sin cálculos mezquinos, para reconocerlo públicamente y para convertir ese reconocimiento en un acto de contrición nacional. Ese debería ser el horizonte: un país capaz de asumir la verdad completa de su conflicto, pedir perdón y pasar la página sin convertir la justicia en un mecanismo de odio.
La JEP no puede seguir comportándose como un tribunal de guerra. No fue creada para eso. Fue creada como un tribunal para la paz. Y si se olvida de ese mandato, si sigue apartándose de su propósito fundacional, no solo se traiciona el sentido del acuerdo: se pone en riesgo la posibilidad histórica de cerrar definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de la vida colombiana.
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