Colombia lleva nueve años desde la firma del Acuerdo Final de Paz, pero el país no avanza hacia el posconflicto y la reconciliación; al contrario, retrocede, y no por inercia sino por diseño, pues se ha instalado una sofisticada maquinaria de simulación institucional. Así, mientras el discurso oficial de las y los agentes estatales exhibe cifras de inversión y decretos reglamentarios, los territorios que serían «sujeto» de la implementación viven una realidad de más violencia, más desplazamiento, más control armado y menos Estado social de derecho, de modo que la brecha entre la retórica y la vida cotidiana es hoy el principal riesgo para la estabilidad democrática y para la vida misma.
Según los informes del Instituto Kroc, la Contraloría y la Misión de Verificación ONU, entre 2017 y el primer trimestre de 2025 el Estado colombiano ejecutó 107,47 billones de pesos destinados a la implementación del Acuerdo, una cifra monumental en el papel, porque la Contraloría ha documentado que el 42% de los proyectos impulsados no tiene productos concretos y solo el 17% permite medir resultados verificables; es decir, se trata de una implementación que existe en los informes, pero no en las veredas.
Buena parte de esos recursos se concentran en estudios, consultorías y gastos administrativos, por lo que la ejecución se volvió un fin en sí misma: gastar para reportar, no para cambiar, y gastar para contratar y amarrar el clientelismo de siempre, el de los mismos de siempre.
En 2025, además, el giro fue aún más preocupante, pues la Agencia Nacional de Tierras perdió el 68% de su presupuesto; las disposiciones del punto 2 sobre participación política, el 81%; el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el 79,8%; y la Agencia de Renovación del Territorio, el 12%. Esto no es un tropiezo técnico, sino un desmonte deliberado de la arquitectura de paz.
La Reforma Rural Integral (RRI) debía ser la columna vertebral del Acuerdo, pero hoy es su mayor fracaso. En efecto, el gobierno celebra la formalización de 3,3 millones de hectáreas, aunque omite que el 75% ya pertenecía a comunidades étnicas, ya que formalizar no es redistribuir. De hecho, la adjudicación real en nueve años es de apenas 27.000 hectáreas nuevas, y a este ritmo cumplir la meta de tres millones tomaría cuatro siglos.
Sin tierra no hay sustitución, no hay reincorporación ni equidad rural, y sin equidad rural la guerra encuentra siempre un camino de regreso, puesto que la ausencia de adjudicación ha reactivado disputas por tierra en más de la mitad de los municipios PDET, ha facilitado el acaparamiento por actores armados y ha empujado a miles de familias campesinas a abandonar sus predios.
Mientras el centro político produce informes, los territorios más golpeados por el conflicto viven un deterioro acelerado de la seguridad: hasta marzo de 2025, 456 firmantes de paz habían sido asesinados, y solo en el primer semestre del año se registraron 67.800 desplazados. Por consiguiente, en muchas zonas PDET la única presencia estatal es un aviso de obra inconclusa.
Los grupos armados —disidencias, ELN, AGC y estructuras locales— han llenado los vacíos institucionales, de modo que el 62% de los municipios PDET tiene presencia dominante de actores ilegales. Asimismo, los ETCR (espacios territoriales de reincorporación) enfrentan amenazas, desplazamientos y ausencia de seguridad jurídica sobre la tierra. El resultado es un círculo perverso: la falta de implementación alimenta la violencia, y la violencia se convierte en excusa para no implementar.
El PNIS nació como una apuesta de transformación territorial, pero hoy es un programa fragmentado, desfinanciado y sin horizonte: solo el 1,5% de las familias ha completado el ciclo productivo acordado. Peor aún, la erradicación forzada aumentó un 50% entre 2024 y 2025, mientras los proyectos productivos tienen una subejecución del 14%.
En consecuencia, los cultivos ilícitos alcanzaron 150.853 hectáreas, la cifra más alta en años. El Estado celebra récords de incautaciones —1.900 toneladas—, pero fracasa en ofrecer alternativas económicas reales, porque sin tierra adjudicada la sustitución es un salto al vacío para el campesino, atrapado entre la persecución penal y el hambre.
La implementación no solo se frena por falta de recursos, sino también por una maraña normativa que actúa como un sabotaje silencioso. Por ejemplo, la aplicación rígida de una normatividad que excluye a los firmantes de paz —como los sistemas de riesgo que suelen estigmatizarlos y los tratan como riesgos financieros, no como sujetos de justicia transicional— les bloquea cuentas bancarias, créditos y proyectos productivos. La SAE, por su parte, mantiene cientos de predios sin asignación para la reincorporación, de manera que la burocracia se convierte en un factor de riesgo que empuja a excombatientes hacia la marginalidad y, en algunos casos, hacia la ilegalidad.
Colombia no vive un simple retraso administrativo, sino una paz simulada: una implementación que avanza en PowerPoint pero retrocede en los cientos de municipios donde se suponía que la paz llegaría. Por lo tanto, la distancia entre el discurso y la realidad no es solo un problema ético —o mejor, no es solo perfidia—, sino un riesgo estructural para la democracia.
Cuando el Estado incumple, otros actores ocupan su lugar; cuando la tierra no se adjudica ni se implementan los planes nacionales de infraestructura, vías, proyectos productivos y comercialización, la violencia se expande; cuando la sustitución fracasa en sustituir la eficiencia cocalera, la economía ilegal se fortalece; y cuando la reincorporación se bloquea, fracasa la paz en general.
La paz real no se mide en decretos ni en informes, sino en hectáreas adjudicadas, en familias que regresan, en firmantes que viven, en territorios donde el Estado es más que un letrero oxidado. Por ello, Colombia no necesita más anuncios, sino presencia, voluntad y transformación, porque el tiempo de la simulación se agotó.
Desde esta tribuna, desde este opinadero, lo decimos claro: la oligarquía colombiana no tiene ninguna intención de redistribuir la tierra ni el poder. La paz que nos venden es la paz de los informes, la paz de los contratos, la paz de las élites; la nuestra —la paz con justicia social, con tierra para quien la trabaja, con soberanía campesina y popular— sigue siendo una tarea revolucionaria.
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