Uno de los errores más frecuentes al hablar de la implementación del Acuerdo Final es reducirla a una lista de ítems, porcentajes y estadísticas frías, como si se tratara de un plan administrativo cualquiera y no de un acuerdo político nacido para tramitar, por vías democráticas, las contradicciones más profundas de la sociedad colombiana. Ese modo de evaluar el proceso desconoce algo elemental: todo acuerdo de paz se implementa en medio de la confrontación política, de la disputa entre proyectos de país, de la lucha entre intereses sociales contrapuestos. Por eso, medir la implementación en abstracto, como si el acuerdo pudiera separarse de la realidad del poder en Colombia, termina por vaciarlo de sentido. Para quienes firmamos la paz, la pregunta por la implementación no puede responderse desde una perspectiva exclusivamente técnica o académica, sino desde una lectura esencialmente política, es decir, desde la lucha por transformar las condiciones que han hecho posible la violencia y la exclusión en nuestro país.
Esto obliga a hacer una segunda precisión. La evaluación del acuerdo no puede hacerse de manera fragmentada, como si cada punto fuera una isla sin relación con los demás. Se entiende que por razones metodológicas o de tiempo seccionemos la discusión, pero ese recurso no puede llevarnos a una visión mecánica, metafísica y no dialéctica del Acuerdo Final. Quienes lo suscribimos no firmamos una simple suma de programas desconectados entre sí. Firmamos un acuerdo político integral. Por eso, aunque las universidades, los centros de pensamiento y los analistas puedan examinar cada componente por separado, nuestra obligación como firmantes es otra: leer el conjunto desde la integralidad del conflicto y desde la disputa por el poder político. Cuando hicimos dejación de las armas no renunciamos a la lucha por el poder; renunciamos a la violencia como método para disputarlo. Esa diferencia es decisiva para entender el alcance real de lo pactado.
Desde nuestra perspectiva, además, el proceso que desembocó en La Habana no fue una cadena de negociaciones aisladas. No fueron diálogos distintos y desconectados entre sí. Fueron capítulos de un mismo y largo proceso de conversaciones que, con interrupciones y recrudecimientos de la confrontación, se extendió durante treinta y tres años. Desde enero de 1983, la insurgencia de las FARC fue elaborando una concepción sobre la salida política al conflicto que tuvo siempre una piedra angular: el conflicto armado solo podía desaparecer en Colombia si se superaban las causas estructurales que le dieron origen y que permitieron su prolongación y transformación en el tiempo. Esa tesis no brotaba de un capricho ideológico, sino de una lectura del régimen político colombiano, de su estructura económica, de la concentración de la tierra, de la exclusión sistemática de amplios sectores sociales y de la reproducción de la violencia como mecanismo de control territorial y político.
Por eso la implementación del acuerdo debe leerse de manera integral. La tenencia, la propiedad y el uso de la tierra en Colombia no son un asunto rural aislado, sino una expresión de un modelo económico profundamente concentrador, con rasgos premodernos y excluyentes, que a su vez se refleja en una superestructura política clientelar, restrictiva y violenta. Ese mismo régimen ha requerido para su preservación no solo del uso de la fuerza estatal, sino también de la acción paraestatal en amplios territorios. No es posible comprender el punto uno sin el punto dos, ni el punto dos sin el punto tres, ni el punto cuatro sin todos los anteriores. La concentración de la tierra, la falta de democratización del régimen político, la persistencia del paramilitarismo, la precariedad de la reincorporación y la economía de los cultivos de uso ilícito forman parte de un mismo problema histórico. Evaluarlos por separado produce diagnósticos incompletos y, en consecuencia, respuestas equivocadas.
En esa lógica, incluso los avances reales deben mirarse con una perspectiva estructural y no triunfalista. Se ha dicho que este gobierno (gobierno Petro) puede estar terminando con alrededor de un millón doscientas mil hectáreas entregadas, no solo formalizadas o regularizadas, sino distribuidas, y que eso constituye, sin duda, un avance importante. Pero también se advirtió que tal cifra, aun siendo significativa, representa apenas una fracción de lo acordado y resulta todavía insuficiente frente a la estructura histórica de la propiedad de la tierra en Colombia. Algo similar ocurre con la representación política. La izquierda ha alcanzado una presencia parlamentaria impensable hace apenas una década. Sin embargo, sigue siendo minoría frente a una arquitectura institucional dominada por élites políticas regionales y nacionales que no tienen incentivos para desmontar las reglas que les han permitido conservar el poder durante generaciones. Nadie se suicida en primavera. Y esa frase resume bien la dificultad central: no basta con que exista voluntad política en un gobierno si la correlación de fuerzas en el Congreso y en los organismos de control sigue siendo adversa a una verdadera democratización del régimen.
La implementación del punto dos del Acuerdo de Paz, por ejemplo, no depende únicamente de la voluntad de quien ocupe la Presidencia de la República. Depende, sobre todo, de la estructura real del poder político en Colombia. De poco sirve proclamar una reforma democrática si los organismos electorales continúan reproduciendo la lógica de las mayorías tradicionales, disciplinando a las minorías y cerrando el acceso efectivo de nuevas fuerzas políticas. El Consejo Nacional Electoral sigue siendo una expresión de esa composición política heredada, y por eso la reforma estructural prevista en el Acuerdo apuntaba precisamente a transformar el origen y la naturaleza del poder electoral, incluso mediante la creación de una verdadera corte electoral que superara la actual dualidad institucional y garantizara mayor independencia. Lo mismo ocurre con la financiación de las campañas, con las listas cerradas entendidas no como una formalidad vacía sino como parte de una reorganización programática de los partidos, y con todas aquellas transformaciones que siguen pendientes porque las mayorías legislativas han sido, hasta ahora, adversas a una democratización profunda del sistema político.
Basta mirar otras discusiones recientes para entender que este no es un problema abstracto. Pensemos en la protesta social. Hace apenas unos días, por primera vez, sancionaron a un integrante del ESMAD por haberle quitado un ojo a una joven en el contexto de la protesta de hace cuatro años. ¿Es eso lo que puede mostrar el Estado colombiano después de todo lo que hemos vivido? Afortunadamente, en este gobierno esa dinámica se detuvo, pero el problema de fondo sigue ahí. Y si no gana Iván Cepeda, la pregunta es inevitable: ¿qué va a pasar de nuevo con la protesta social en Colombia? ¿Va a volver a ser tratada como un crimen? Ese también es un contenido del Acuerdo de Paz. Ahí se dijo que había que crear una ley estatutaria que diera garantías plenas a la movilización y a la oposición, y, sin embargo, después de ocho años, después de dos legislaturas, no ha sido posible. No se ha querido entender que, si de verdad hablamos de democratizar la sociedad colombiana, tenemos que garantizar que la oposición, cualquiera que sea, pueda movilizarse, organizarse y protestar sin correr el riesgo de que le arranquen los ojos a quienes participan en las marchas. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de implementación real del acuerdo.
Y si se quiere una prueba todavía más dramática de lo que está en juego, ahí está el asesinato de los firmantes del Acuerdo de Paz. Estamos próximos a llegar a la cifra fatídica de quinientos. ¡Quinientos! Ese dato por sí solo debería impedir cualquier balance superficial o complaciente. Pero además hay otro hecho de enorme gravedad política: el 19 de julio de 2026, a las 11 y 59 de la noche, el Partido Comunes pierde su personería jurídica. ¿Y eso no tiene que ver con la implementación del acuerdo? ¡Claro que tiene que ver! Nosotros no vamos a dejar pasar eso en silencio y acudiremos a la Corte Constitucional, porque no puede ser que en un contexto en el que siguen asesinando a los firmantes y en el que no se ha implementado integralmente el acuerdo, al partido que surgió de ese proceso se le obligue a competir bajo unas reglas que ni siquiera corresponden a lo que recomendó la Misión Electoral Especial. Allí quedó planteado que había que flexibilizar progresivamente las condiciones para los movimientos que surgieran, no solo para el que firmó el Acuerdo de Paz, sino para otros que pudieran emerger, precisamente porque de eso se trata la democracia: de abrir posibilidades reales de participación, no de cerrarlas cuando aún no existen garantías materiales suficientes.
Algo semejante ocurre con las dieciséis curules de paz. Claro, se puede decir formalmente que fueron creadas y que ahí hay un cumplimiento. Pero la pregunta verdadera no es si se crearon, sino en manos de quién quedaron. Y ahí hay que ser francos. Sin querer generalizar, porque no corresponde hacerlo de manera indiscriminada, sí hay razones para preguntarse por los intereses que han terminado representando buena parte de quienes han ocupado esas curules, tanto los que están por salir como los que llegan. Son víctimas acreditadas, sí, pero ¿representación de qué intereses? En no pocos casos, de los mismos clanes políticos que han dominado históricamente los territorios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una implementación material del acuerdo o de una implementación meramente formal? Porque si las curules existen, pero terminan capturadas por las mismas estructuras de poder regional, lo que se produce no es una democratización efectiva, sino una apariencia de apertura que deja intacto el problema de fondo.
Por eso insisto en que el núcleo de ese acuerdo político que firmamos no puede reducirse a una lista de tareas administrativas. La esencia, el resumen, el corazón de ese acuerdo es posibilitar que se abra en Colombia un proceso histórico y político que permita, por primera vez en más de doscientos años de vida republicana, la construcción de un verdadero Estado nacional. Y cuando hablo de un verdadero Estado nacional hablo de un Estado que tenga control efectivo del territorio, que pueda acabar no solo con la violencia sino también con las economías ilegales, que concentre el monopolio legítimo de la fuerza y de las armas, y que tenga también el monopolio de la justicia. Ese es el objetivo central del acuerdo, y por eso su evaluación no puede hacerse en términos de casillas llenas o vacías, sino en función de cuánto hemos avanzado realmente hacia esa transformación. Hemos avanzado, sí. Claro que hemos avanzado. Estamos incluso próximos a la posibilidad histórica de elegir un segundo gobierno de izquierda. Pero falta mucho. Y mientras no cambie de manera sustancial la correlación de fuerzas en favor de la paz, de la democratización y de la transformación progresiva de la sociedad colombiana, la implementación seguirá siendo limitada, disputada e incompleta. El acuerdo fue, en esencia, una decisión para dejar de matarnos en la lucha por el poder y trasladar esa disputa al terreno democrático. Allí, y solo allí, es donde debe ser juzgado.
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