Hacer política en Colombia siempre ha tenido un precio que no se paga con votos, sino con sangre. Para entender la Colombia de hoy, en pleno año 2026, hay que quitarle el maquillaje a la historia. Nos han vendido el cuento de que somos la democracia más estable de la región, porque aquí hay elecciones cada cuatro años y no hemos vivido las dictaduras militares de nuestros vecinos. Pero detrás de ese traje elegante que el profesor Francisco Gutierrez Sanin llama “la sacoleva” se esconde una bestia violenta que reprime y elimina a cualquiera que intente cambiar las cosas desde abajo. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP abrió una ventana de esperanza, pero la realidad actual demuestra que las estructuras de exclusión siguen intactas. Las garantías para el ejercicio político legal y democrático crean una promesa rota, porque el régimen político colombiano prefiere la eliminación antes que la apertura.
Cambiar a Colombia ha costado generaciones enteras, y es vital hacer una distinción histórica fundamental. El movimiento social en el país siempre apostó por la legalidad. Las comunidades, los trabajadores y las minorías buscaron el camino de los derechos, las urnas y el diálogo institucional. Sin embargo, fue el propio bloqueo violento del Estado y de las élites el que cerró los caminos pacíficos y arrastró el territorio a una guerra degradada, forzando a algunas personas luchadoras a alzarse en armas ante la inminencia del exterminio. La guerrilla no inventó la violencia, sino que fue el régimen político colombiano el que usó la violencia para impedir las reformas. Esta intransigencia responde a una lógica profunda, donde la oligarquía colombiana y el imperio estadounidense no aceptan proyectos políticos alternativos ni democráticos que pongan en riesgo sus privilegios. De hecho, el futuro de los agentes oligárquicos del régimen dominante depende por completo del imperialismo gringo, pues su verdadero negocio histórico ha sido entregar la soberanía y la riqueza de Colombia a los intereses de Washington.
La paradoja de nuestro país es que, cuando las mayorías deciden organizarse pacíficamente por las vías legales, la respuesta del poder es la represión. Así pasó en los años 40 con el Gaitanismo, cuando Jorge Eliécer Gaitán unió al pueblo con la promesa de una reforma social, y lo callaron con tres tiros en el centro de Bogotá. Lo mismo sufrieron el movimiento obrero, los sindicatos y los movimientos campesinos e indígenas que reclamaban acceso a la tierra. Desde la Masacre de las Bananeras en 1928 hasta las justas luchas de los años 70 y 80, la exigencia de derechos fundamentales siempre fue tratada como un asunto de orden público, criminalizando la protesta social. En este diseño de violencia sistemática, las fuerzas alternativas de izquierda sufrieron golpes devastadores. El Partido Comunista Colombiano fue convertido en un objeto de exterminio y persecución implacable, viendo cómo sus cuadros políticos, intelectuales y militantes eran borrados del mapa por el terrorismo de Estado. El ejemplo más doloroso de esta trampa histórica fue la Unión Patriótica, que funcionó como una experiencia donde confluyeron diversos sectores, incluido el comunismo. Este partido político entero apostó de frente por las urnas y la legalidad, y terminó sufriendo un genocidio político ante los ojos de un Estado cómplice e incapaz.
Esta maquinaria de sometimiento se profundizó de manera dramática al llegar los años 2000. Con la implementación del Plan Colombia y la posterior política de Seguridad Democrática, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas y el terrorismo, el imperio estadounidense inyectó miles de millones de dólares en asistencia militar, subordinando por completo las fuerzas armadas colombianas a los intereses estratégicos de Washington. Durante este período, la lógica contrainsurgente alcanzó su máxima y más cruel expresión institucional, ya que la seguridad no se midió en libertades, sino en cuerpos.
El régimen político colombiano llevó la criminalización de la defensa de los derechos humanos a niveles perversos, mediante detenciones masivas, arbitrarias y señalamientos presidenciales directos contra los opositores legales. Fue en esta nefasta década, cuando la alianza entre agentes estatales y paramilitares consolidó el despojo de millones de hectáreas de tierra campesina, mientras los batallones del ejército ejecutaban de forma sistemática a miles de jóvenes inocentes —en los mal llamados falsos positivos— para presentarlos como bajas guerrilleras en combate y demostrar el falso éxito de una guerra total contra el pueblo.
Informes históricos fundamentales como El Libro Negro de la Represión o Tras los Pasos Perdidos de la Guerra Sucia lo han dejado claro al mostrar que la violencia política en Colombia no es un caos de manzanas podridas, sino un plan estructurado. La socióloga Vilma Franco explicó esto a través del concepto del Complejo Contrainsurgente de Dominación, que se define como una maquinaria donde confluyen militares, grandes terratenientes, sectores económicos y ejércitos privados paramilitares alineados con la doctrina geoestratégica extranjera. Para este complejo, el enemigo al que hay que destruir no es necesariamente el combatiente en el monte, sino que el peligro real lo encarna el líder comunitario que reclama tierras, el defensor de derechos humanos, el estudiante que marcha o el político de oposición que propone una reforma justa. De esta manera se configuró una democracia restringida, donde las urnas están abiertas para que votemos, pero los caminos reales para transformar el país están minados por el terror.
Hoy, una década después de la firma de la paz, este veto violento no ha desaparecido. Un reflejo nítido de la resistencia de este orden tradicional a ser transformado se evidencia en discursos y figuras de la extrema derecha, como el abogado y opinador Abelardo de la Espriella. A través de sus columnas, videos y apariciones públicas, De la Espriella encarna la vigencia de esa narrativa que el país arrastra desde el siglo XX, fundamentada en la criminalización del pensamiento alternativo. Al calificar sistemáticamente cualquier propuesta de cambio social, reforma agraria o redistribución económica como comunismo, castrochavismo o complicidad con el terrorismo, se reactivan los gatillos del orangután. En las regiones de Colombia donde la legalidad es débil, señalar a un líder social o a un militante político de ser un peligro para la patria equivale, muy frecuentemente, a firmar su sentencia de muerte a manos de las mafias locales y los nuevos grupos paramilitares.
La lección de la historia colombiana es tan clara como dolorosa, porque la legalidad formal le sirve al régimen político colombiano para presentarse ante el mundo como una democracia respetable, pero la violencia real se encarga de silenciar la disidencia en los territorios. Colombia se encuentra en una encrucijada histórica en este año 2026, y no basta con desarmar las mentes de quienes fueron a la guerra si el Estado y los sectores dominantes no desarman su mentalidad persecutoria y su subordinación al mandato norteamericano. Mientras la oposición legal sea tratada como una amenaza criminal y figuras públicas sigan alimentando la hoguera de la estigmatización, la sacoleva del legalismo institucional seguirá vistiendo al mismo orangután violento de siempre.
Ante este panorama, debemos recordar que la democracia es participación real en la toma de las decisiones estratégicas del país. Esto implica reconocer la diferencia de proyectos políticos, e implica de forma obligatoria la inclusión y el respeto de los críticos del poder. Al final del día, no solo se trata de distribuir tierra, sino de una verdadera distribución de poder. Hacer política en Colombia no debería costar la vida, y garantizar que deje de ser así es la verdadera deuda democrática del país.
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