El primer acto cultural del gobierno entrante parece haber sido gramatical: desaparecer el plural.
Paola Holguín fue anunciada como ministra de Cultura, aunque la entidad que deberá dirigir se llama legalmente Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. No es una diferencia ornamental. La Ley 2319 de 2023 introdujo esos plurales para reconocer que Colombia no posee una sola cultura, una sola memoria ni una única manera legítima de conocer el mundo. Pero los plurales, como algunas comunidades, suelen incomodar a quienes prefieren una patria fácil de conjugar: una bandera, una historia, una moral y, de ser posible, una sola voz.
La elección de Holguín no parece obedecer a una vida consagrada a la gestión cultural. Su trayectoria pública ha transcurrido principalmente por la política partidista, la seguridad, la defensa y la comunicación. El nuevo gobierno menciona como credenciales la Ley del Carriel, algunas gestiones relacionadas con el Museo de Antropología de Jericó y la creación de un centro de artes y oficios. Son antecedentes que existen y sería deshonesto negarlos. Pero también sería exagerado convertir tres iniciativas puntuales en una larga experiencia conduciendo museos, archivos, bibliotecas, sistemas de estímulos, políticas audiovisuales, patrimonios, economías culturales y procesos comunitarios en un país de más de cincuenta millones de habitantes. La meritocracia, al parecer, también puede ser objeto de una reinterpretación creativa.
La explicación del nombramiento parece estar en otra parte. La ofreció la propia Holguín antes de saber que recibiría la cartera. En una columna publicada en febrero escribió que, siguiendo a Agustín Laje, había comprendido que la cultura es “un campo de batalla político diario” y que esa disputa exige formación intelectual, utilización estratégica de las redes sociales y acción en todos los entornos. No estamos, por tanto, ante una sospecha fabricada por sus contradictores. Es la futura ministra quien ha definido la cultura como un escenario de combate.
La pregunta no es si la cultura tiene una dimensión política. Claro que la tiene. Cada museo selecciona, cada monumento recuerda, cada archivo conserva y cada currículo decide qué merece ser transmitido. Toda política cultural distribuye visibilidad, legitimidad y recursos. Fingir neutralidad sería ingenuo.
La cuestión es otra: ¿una ministra debe comprender ese conflicto para garantizar el pluralismo o debe utilizar el Estado para ganarlo? ¿Recibirá una institución pública o un cuartel ideológico? ¿Administrará derechos culturales o elaborará listas de amigos y enemigos del sentido común?
La derecha contemporánea ha descubierto a Gramsci con varias décadas de retraso y con el entusiasmo de quien encuentra un libro que llevaba años en la biblioteca de la casa. Ahora habla de hegemonía, disputa narrativa y batalla cultural. Nada hay de ilegítimo en que los sectores conservadores produzcan arte, defiendan sus valores o participen en la conversación pública. El problema aparece cuando confunden su derecho a intervenir en la cultura con la facultad de convertir su cultura en doctrina estatal.
Los defensores del nombramiento dirán que la izquierda se apropió de la paz, los derechos humanos, la diversidad, el medioambiente y la memoria. Sostendrán que durante años una sensibilidad progresista fue presentada como la cultura misma, mientras el patriotismo, la religión, la empresa, la autoridad y la familia eran tratados como residuos de un pasado vergonzoso.
El argumento merece una respuesta seria, no una caricatura.
La familia, la religiosidad, las tradiciones regionales, la iniciativa privada y los relatos patrióticos forman parte de Colombia y deben tener espacio en sus políticas culturales. El pluralismo que excluyera a los conservadores sería una contradicción en los términos. Pero reconocer a quienes históricamente fueron relegados no equivale a perseguir a quienes durante siglos ocuparon el centro del escenario. Que los pueblos indígenas puedan contar la Conquista desde su propia memoria no borra la herencia hispánica. Apenas termina con el privilegio de que esa herencia sea la única autorizada para explicar lo ocurrido.
Durante demasiado tiempo, unas expresiones fueron llamadas arte y otras artesanía; unas ideas recibieron el nombre de conocimiento y otras fueron reducidas a superstición; unas narraciones se enseñaron como historia nacional y otras sobrevivieron como recuerdos domésticos, relatos orales o murmullos de comunidades a las que nadie consideraba dignas de producir verdad.
Eso es lo que las epistemologías del Sur han intentado discutir: no la existencia de la ciencia, la tradición occidental o la cultura escrita, sino su pretensión de hablar como si fueran las únicas formas razonables de entender la realidad. Colombia no es menos nación porque una partera del Pacífico, un mayor indígena, una lideresa campesina o un músico popular puedan ser reconocidos como portadores de saber. Es una nación más completa, si se quiere compleja.
El paso de Ministerio de Cultura a Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes buscó expresar justamente esa ampliación. El plural no fue una extravagancia lingüística del gobierno Petro. Fue una declaración política y jurídica: el Estado no debía limitarse a promover productos artísticos, sino reconocer memorias, conocimientos, patrimonios y formas de vida diversas. Se puede criticar su ejecución, sus burocracias, sus omisiones y hasta sus contradicciones. Lo que resulta difícil es negar la importancia democrática de ampliar el número de personas autorizadas para decir “nosotros”.
El programa de gobierno de Abelardo de la Espriella no presenta una política cultural en sentido democrático, sino una operación de mercadeo nacional. La cultura aparece convertida en riqueza explotable, prestigio internacional, atractivo turístico y motor económico. Bajo un inventario seductor de circuitos regionales, industria audiovisual, museos, bibliotecas y fondos compartidos con el deporte, se oculta una concepción profundamente instrumental: el arte vale si mejora la Marca Colombia, atrae visitantes, produce rentabilidad o sirve para exhibir una identidad nacional convenientemente domesticada. Las comunidades dejan de ser sujetos capaces de decidir sobre sus memorias y sus saberes para convertirse en proveedoras de paisajes, símbolos, músicas y mercancías culturales. No se propone democratizar el poder cultural, sino administrar la diversidad como vitrina y convertir el patrimonio en otro activo disponible para el mercado.
Pero hay una diferencia entre convertir la cultura en una fuente de bienestar y convertirla en una marca. Una cosa es internacionalizar el talento; otra, empacar los territorios para el consumo. Una cosa es reconocer los saberes comunitarios; otra, exhibirlos en una vitrina turística mientras las comunidades pierden la tierra, el agua y el control sobre el significado de sus propias prácticas.
Un país puede celebrar una danza indígena y, al mismo tiempo, ignorar a la comunidad que la sostiene. Puede promocionar la cocina campesina mientras debilita la protección de los suelos donde se producen los alimentos. Puede convertir una tradición afrocolombiana en pieza publicitaria y seguir tratando como obstáculo la autonomía de quienes la crearon. El folclor suele ser muy bien recibido cuando ha sido previamente despojado de conflicto.
Aquí adquiere relevancia una investigación publicada por Vorágine. El medio informó que Minerales Santa Ana aportó cuarenta millones de pesos a la campaña de Holguín y que ella suscribió posteriormente, junto con otros congresistas, un proyecto dirigido a derogar la norma que sustenta las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. La misma investigación recogió denuncias de habitantes de Falan que aseguraron que la minera obtuvo firmas mediante información engañosa para oponerse a dichas áreas. Vorágine señaló que buscó la respuesta de Holguín y que no la había obtenido al momento de publicar.
Estos hechos no prueban que Holguín hubiera ordenado engañar a los campesinos ni permiten afirmar que vendió una actuación legislativa a cambio de financiación. Insinuarlo sería irresponsable. Pero sí justifican preguntas que una futura ministra de los Saberes debería contestar: ¿qué lugar tendrán los conocimientos campesinos cuando entren en conflicto con intereses extractivos? ¿La cultura rural será comprendida como una forma de gobernar el territorio o solamente como una colección de sombreros, músicas, festividades y platos típicos?
No es necesario revolver árboles genealógicos ni fabricar culpas hereditarias para cuestionar este nombramiento. La responsabilidad penal y política es personal. El expediente público de la propia Holguín, sus palabras, sus alianzas y sus actuaciones ofrecen material suficiente. Convertir el debate en una disputa sobre familiares sería regalarle la respuesta más cómoda: la posibilidad de presentarse como víctima y no como funcionaria obligada a explicar su concepción del poder cultural.
Tampoco se trata de sostener que una persona conservadora está moralmente inhabilitada para dirigir el Ministerio. Ese argumento sería tan excluyente como la política que se teme. La pregunta por la idoneidad es más concreta: ¿qué conocimientos, experiencia administrativa y relaciones con el sector cultural respaldan su nombramiento? ¿Por qué ella y no una persona con décadas de trabajo en las artes, los patrimonios, las bibliotecas, el cine o las culturas comunitarias?
La respuesta probable será que Holguín no fue elegida para administrar festivales, sino para ejercer liderazgo político. Precisamente. Ahí está el corazón del problema.
Cuando una ministra llega presentada como combatiente, toda expresión crítica empieza a parecer una posición enemiga. Una obra sobre violencia estatal puede ser llamada propaganda. Una exposición sobre diversidad sexual, adoctrinamiento. Una investigación sobre colonialismo, odio a la patria. Una película sobre el conflicto armado, apología. Una memoria incómoda, resentimiento.
¿Quién decidirá entonces qué merece financiación? ¿Los jurados independientes o los guardianes de las ideas correctas? ¿Se mantendrán las convocatorias abiertas para quienes cuestionen al gobierno? ¿Los pueblos étnicos seguirán participando en la definición de las políticas que los afectan? ¿Se respetará el Plan Nacional de Cultura? ¿Continuará el Ministerio hablando de memorias, patrimonios y saberes en plural, o comenzará una discreta operación de limpieza semántica?
El gobierno entrante podría desactivar estas preocupaciones mediante señales verificables: respeto a la autonomía artística, transparencia en los estímulos, participación efectiva de las comunidades, continuidad de los compromisos construidos con pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y Rrom, y garantías para las expresiones feministas, populares, juveniles y disidentes. El pluralismo no se prueba pronunciando la palabra. Se prueba financiando también aquello que incomoda.
Paola Holguín tiene derecho a sus convicciones. Lo que no tiene es derecho a convertirlas en frontera de la ciudadanía cultural. Un ministerio democrático no está llamado a decidir cuáles colombianos representan la verdadera nación y cuáles deben ser corregidos, domesticados o tolerados como extravagancias periféricas.
Quizá la futura ministra logre sorprender al país y comprenda que dirigir las culturas exige algo más difícil que ganar una batalla: aprender a convivir con aquello que no se desea derrotar. Lastimosamente, creo que sucederá lo contrario, viviremos en una obra distópica de persecución de la diferencia. Le espera al país una larga noche, un periplo por sobrevivir plurales. Pasaremos de las culturas a la cultura, pasaremos al singular, a la mas aburrida singularización de la vida.
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